La venezolana Sheila González, quien dejó su natal Maracaibo para buscar oportunidades fuera de su país considera «fabuloso» el estatuto para los migrantes anunciado por Colombia con el cual espera dar un salto en sus condiciones de vida en el país andino.
Sin embargo, la incertidumbre marca el camino de la implementación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos en las zonas fronterizas de Colombia, donde muchas personas que están irregulares sueñan con normalizar su situación para acceder a servicios básicos como salud y educación.
En Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, viven 96.133 de los más de 1,7 millones de migrantes de ese país que se han establecido en Colombia.
Parte de los venezolanos llegados a Cúcuta subsisten trabajando en lo que pueden y otros, que no tienen documentos, engrosan la informalidad en Norte de Santander, que llega al 72,9 %.
El Estatuto es una carta de derechos que beneficiará a unos dos millones de inmigrantes venezolanos, regulares o irregulares, para dar soluciones de largo plazo a sus necesidades y sacar del limbo legal a aquellos que ya están establecidos en el país, incluso con hijos nacidos en territorio colombiano.
La medida, que tendrá una vigencia de diez años, da a los venezolanos «la posibilidad de hacer su vida en Colombia, de trabajar, desplazarse en el territorio y la inclusión en el sistema de seguridad social, por supuesto la inclusión en salud que nunca se les ha negado, la educación y la inclusión financiera», según el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.
ESPERANZA ANTE LA ADVERSIDAD
Para González, que trabaja como vendedora en Cúcuta, el beneficio que ofrecerá el estatuto radica en que muchos de sus compatriotas podrán trabajar legalmente y «producir para Colombia».
Con ella coincide Anyer Yoseli Crespo Parra, quien salió caminando de la localidad venezolana de San Cristóbal, cercana a la frontera, y que se dirige hacia Cali (suroeste), a unos mil kilómetros de su casa, para trabajar como cocinera y ayudar a su familia, empobrecida por la crisis que vive su país.
«Aquí hay un beneficio grandísimo», afirma a Efe la mujer, que con las maletas al hombro, confía en conseguir empleo cuando el estatuto se implemente y con ello tener una nueva vida en Colombia.
Otra de las posibles beneficiarias es Carolina Muñoz Gamboa, radicada en Cúcuta. Ella llegó del estado venezolano de Mérida y ve la decisión de Colombia como «una excelente idea» ante la difícil situación que vive su país por «la falta de buenos servicios y el problema de la economía».
«Yo no tengo derecho a la salud, no tengo derecho a poder viajar (…) Entonces creo que el Estatuto sería excelente por mi salud y por poder trasladarme a otro lugar», afirma, esperanzada, Muñoz a Efe.
EXPECTATIVAS E INCERTIDUMBRE
El secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, Víctor Bautista, confía en que «haya una mejora sustancial en aspectos de seguridad y control migratorio a través de un registro único de migrantes, así como un mejor control de frontera, el mejor uso de los pasos fronterizos y se combata el uso de las trochas».
Recuerda que ese departamento es el punto de llegada de la población pendular que busca servicios de salud, bancarios y educativos, entre otros, y que antes del inicio de la pandemia, en promedio, pasaban unas 35.000 personas diariamente.
Igualmente, se pretende que «esa regularidad migratoria apunte a una mayor formalidad laboral y comercial en nuestra región» y contribuya al fortalecimiento de la seguridad en la frontera.
El investigador Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá, asegura a Efe que una de las principales dudas que hay en este momento frente al estatuto es sobre cómo se van a acoplar a las nuevas reglas de juego medidas como la tarjeta de movilidad fronteriza, que la tienen más de 4,9 millones de venezolanos.
«El estatuto no contempla cómo se van a acoplar los dos instrumentos. El instrumento de protección para los migrantes venezolanos con vocación de permanencia y la tarjeta de movilidad fronteriza que atiende otra problemática y otra dinámica», afirma.
Agrega que «la incertidumbre es bastante alta porque solamente hasta que Migración Colombia determine a través de su resolución cómo se van a articular estos dos instrumentos tendremos claridad al respecto».
Por ello insiste en que se fortalezca el permiso de movilidad fronteriza, aunque lamenta que las relaciones entre Colombia y Venezuela estén en «su peor momento histórico».
«Sabemos que la situación que se vive en la zona de frontera, uno de los riesgos más grandes es que pueda crear una especie de histeria colectiva, de hipocondría colectiva, a la cual se sume la xenofobia que ya se vive en el área», añade sobre los retos a los que se enfrenta esta nueva medida en una zona que, como buena parte de Colombia, ha abierto los brazos para acoger la migración. EFE
