«Desde el 2018, el número de masacres (se) ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014», dijo la representante en Colombia del ACNUDH, Juliette Rivero, en una rueda de prensa virtual.
Esta oficina, dirigida globalmente por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, documentó 76 masacres, y está verificando 5 más, en las que fueron asesinadas, entre las 292 víctimas, 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes.
El incremento de la violencia se produjo sobre todo en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, en particular zonas en las que habitan pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos, según indicó la representante.
«La violencia afecta los proyectos de vida de estas poblaciones y la protección de sus derechos culturales, espirituales y territoriales, entre otros», subrayó Rivero.
Y esta misma violencia, sobre todo la que afectó a Antioquia (noroeste), Chocó (noroeste) y Nariño (suroeste), obligó a más de 25.000 personas a desplazarse y otras 74.312 se vieron confinadas por las restricciones impuestas por grupos armados y criminales.
Un total de 73 exintegrantes de las extintas FARC, sujetas al acuerdo de paz, fueron asesinados durante 2020, lo que sitúa el homicidio de desmovilizados desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 en 248.
Además, la Oficina de la Alta Comisionada recibió información de 795 amenazas y agresiones a defensores de derechos humanas, de las cuales el 44 % se produjeron en zonas rurales y el 14 % en Bogotá, siendo esta ciudad, junto con la región de Cauca, donde más casos se produjeron el año pasado.
En 2020, la ONU recibió información sobre 133 casos de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales ha podido verificar 90 y siguen verificando 25, cifras superiores a las proporcionadas el lunes por el Gobierno colombiano, en la que reportó solo 66.
«Esta cifra es representativa de los casos conocidos por la oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo», anunció Rivero.
El Gobierno suele tomar las cifras de la ONU como las oficiales para hablar de homicidios de defensores de derechos humanos, unos hechos que han aumentado abruptamente en los últimos años. Estas cifras suelen ser más bajas que las de organizaciones sociales como Somos Defensores que registró 159 víctimas en 2020 o las de la Defensoría del Pueblo, que reportó 182 homicidios en 2020.
«La Alta Comisionada afirma en su informe que los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente», alegó la representante. EFE
