La garantía de unas elecciones libres y directas, es un requisito básico al interior de todo Estado de Derecho, no obstante, dependiendo el país, estos procesos pueden ser organizados de distintas maneras: ya sea a través de un órgano dependiente del Ejecutivo (Ministerio del Interior), un ente independiente (Tribunal Electoral), entro otras.
En el caso ecuatoriano, durante la Asamblea Constituyente (2007-2008), y bajo la influencia del discurso de la partidocracia (partitocracia), se pensó que era una mala idea que el organismo electoral sea manejado por los partidos y movimientos políticos (Tribunal Supremo Electoral), pues se argumentaba que estos no podían ser juez y parte.
Para ello, el constituyente pensó que la solución para ganar independencia, era crear una nueva “función del Estado”, la Electoral, compuesta por el Consejo Nacional Electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral, y se pensó que como por arte de magia, los problemas estructurales del sistema de agrupaciones políticas, así como la organización y control de los procesos electorales se solucionaría.
Sin embargo, a 12 años de vigencia de la Constitución de Montecristi, la credibilidad de los procesos electorales cada vez es menor, debido a la serie de escándalos que a lo largo de este tiempo se han presentado.
Un organismo electoral del siglo XXI, debería combinar independencia de sus vocales, quienes tienen que rendir cuentas únicamente a los ciudadanos, con funcionarios de carrera que garanticen la institucionalidad, así como aplicar la tecnología y las distintas herramientas informáticas, que permitan que aumente la transparencia y la credibilidad de sus actos.
Más allá de los resultados de las últimas elecciones, es momento que como sociedad abramos un debate serio que permita plantear cambios estructurales en relación a la Función Electoral, de tal suerte, que los procesos democráticos a futuro se encuentren plenamente garantizados, y que la población recupere la credibilidad en estos procesos.
No hacerlo, constituiría una irresponsabilidad por parte de los ecuatorianos, y lo único que generaría es que la desintitucionalidad reine, y que los procesos democráticos se deslegitimen, y que una deriva autoritaria pueda constituirse en una alternativa.
