Juntos por el Cambio, el mayor frente de oposición política en Argentina, anunció este miércoles que reclamará que el jefe de Gabinete y la nueva ministra de Salud sean convocados a dar explicaciones ante el Parlamento por el escándalo del presunto acceso privilegiado a la vacunación contra la covid-19 por parte de personas allegadas al poder.
En una rueda de prensa, los principales dirigentes de esa coalición opositora indicaron que además de pedir la interpelación en el Parlamento del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, presentarán un proyecto de ley con medidas para transparentar el proceso de vacunación.
Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, una de las fuerzas que integran el frente, afirmó que la estrategia de vacunación está «mal gestionada» y «ha derivado en un escándalo fenomenal».
«Utilizaron y armaron un sistema paralelo para ellos», aseguró por su parte Patricia Bullrich, titular de Propuesta Republicana (Pro), al referirse a las presuntas maniobras para el acceso privilegiado a la vacunación, un asunto que ya es investigado por la Justicia federal.
El escándalo estalló el viernes pasado, cuando un periodista reveló haber sido vacunado en la sede del Ministerio de Salud gracias a su relación de amistad con quien hasta ese día condujo la cartera sanitaria, Ginés González García.
Tras el revuelo público y la lluvia de demandas judiciales, el Gobierno reveló este lunes una lista de personas que se vacunaron en el Hospital Posadas a solicitud del Ministerio de Salud y de quienes lo hicieron en la propia sede ministerial, con intervención de personal de ese nosocomio público.
En la nómina, de 70 personas, hay funcionarios públicos de carácter «estratégico» -una categoría prevista en el plan oficial de vacunación-, incluyendo al propio presidente argentino, Alberto Fernández, y algunos de sus ministros.
Pero también hay funcionarios de mucha menor jerarquía y personas que no trabajan en la Administración pública, como periodistas, empresarios y dirigentes políticos del peronismo.
La oposición sospecha que hay más casos de este tipo en provincias y municipios.
PEDIDO DE INFORMES
En la rueda de prensa, el diputado radical Mario Negri explicó que, además del pedido de interpelación a Cafiero y Vizzotti, solicitarán desde el Parlamento que el Ejecutivo presente un informe detallado de lo ocurrido, incluyendo la lista completa de los vacunados en todo el país.
En tercer lugar, la oposición presentará un proyecto de ley para «dotar de transparencia y trazabilidad» al plan nacional de vacunación.
Por último, solicitarán a la Auditoría General de la Nación, que preside el opositor Miguel Ángel Pichetto, un análisis «urgente» sobre la campaña de vacunación.
Negri dijo que estas propuestas buscan la «verdad de la inmoralidad que ha ocurrido».
«En todo el país hay que tirar de la cuerda para que sepa lo que pasó en toda la Argentina, no solamente alrededor del despacho del ministro renunciante», sostuvo el diputado.
El parlamentario señaló que además hay que dar «tranquilidad y confianza» a «los millones de argentinos que esperan vacunarse frente a otros que vieron morir a sus familiares y les entró una bofetada de los amigos del poder que tuvieron el privilegio de vacunarse con anterioridad».
En Argentina, con una población de 45 millones de personas, de momento sólo se ha habilitado la vacunación de personal sanitario y adultos mayores -en el caso de Buenos Aires mayores de 80 años-, con turno tramitado por internet y asignado en función de la disponibilidad de dosis.
Desde que se inició la campaña, a finales de diciembre pasado, ya fueron aplicadas 808.293 dosis: 537.955 personas recibieron la primera dosis y 270.338 ya recibieron la segunda.
De acuerdo a datos oficiales, hay 14.610 personas que fueron vacunadas como «personal estratégico» y el Ministerio de Salud especificó en su sitio web que ese grupo lo integran fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario. EFE
