La brutal matanza ocurrida en tres cárceles del país devela, de manera cruda, que el control de estas ha pasado prácticamente a manos de bandas criminales que operan en su interior; una cuestión que es social y políticamente grave, pues si el Estado no puede hacer valer su autoridad, y el primado de las leyes dentro de las cárceles, quiere decir que estaríamos en este ámbito ante un Estado fallido.
Aún más, dado que el órgano del Estado al cual compete la gestión del sistema carcelario, con apoyo de la fuerza policial, es el Ejecutivo o Gobierno central, la situación ocurrida denotaría que también, es este ámbito, estaríamos ante un Gobierno fallido. Y decimos también puesto que, en otros ámbitos de su gestión, el Gobierno actual ha acusado igualmente de debilidades; como, por ejemplo, en la gestión de crisis sanitaria derivada de la pandemia, o en la acción para conseguir las vacunas.
Recordemos que la violencia sistemática en las cárceles, con su secuela de muertos y heridos, viene desde el año 2018, hasta el punto que en el 2019 se declaró en emergencia el sistema carcelario, y con emergencia y todo siguieron los enfrentamientos y las muertes. Es decir, el Gobierno no tuvo la voluntad y la capacidad para restaurar plenamente, y de manera duradera, su autoridad en los denominados eufemísticamente “Centros de rehabilitación social”.
Y no ha tenido esa capacidad porque no ha estado en las prioridades de su política pública hacer una reforma a fondo a la administración del sistema carcelario, combatiendo las causas estructurales que han llevado a la consolidación de bandas criminales y al ejercicio del poder por parte de estas en dicho sistema.
No ha habido el interés para enfrentar el hacinamiento en las cárceles, para profesionalizar más y aumentar el número de guías penitenciarios, para aniquilar la trama de corrupción armada entre presos y ciertos funcionarios de las cárceles, para diseñar y ejecutar una auténtica política de rehabilitación a las personas privadas de la libertad, etc.
Pero, más allá de las cárceles, es necesario que el combate a la delincuencia, y particularmente a aquella organizada por el narcotráfico, se convierta en una política de Estado efectiva y permanente, y con participación de la sociedad. (O)
