Niños y adolescentes fuera del sistema de educación, relaciones virtuales entre los estudiantes y profesores, y más preguntas que respuestas ha dejado la emergencia sanitaria entre quienes cursan la primaria y secundaria en Ecuador.
El próximo 12 de marzo se cumplirá un año de la suspensión de las clases presenciales en el país, cuya medida obligó a que los más de cuatro millones de estudiantes de la educación básica y bachillerato se quedaran en sus hogares para que cursaran sus estudios a través de la virtualidad.
Y en estos casi doce meses hay más malas noticias que buenas, ya que la pandemia ha dejado estragos entre los estudiantes.
En primera instancia, no todos los niños y adolescentes pudieron seguir con sus clases, lo que obligó a miles de estudiantes a desertar. Según una investigación de la Unicef, 90 000 estudiantes de Ecuador abandonaron las escuelas y colegios al no tener la tecnología y la conectividad necesaria para continuar con sus estudios.
En el caso del Azuay, de acuerdo a los datos que maneja la Unión Nacional de Educadores (UNE), un 32% de los estudiantes no se conecta a las clases. En ese porcentaje también están los niños que reciben las fichas pedagógicas para que ellos puedan estudiar, sin embargo, esa no es la realidad.
A pesar de que ya se va a cumplir un año de la suspensión de las clases presenciales, por lo menos la Coordinación Zonal 6 de Educación, que abarca Azuay, Cañar y Morona Santiago todavía no cuenta con los datos de deserción escolar.
No obstante, se está llevando a cabo una encuesta que debe ser llenada por los docentes cada miércoles, en la que se debe registrar el número de estudiantes que se han desconectado de las clases virtuales en las dos últimas semanas.
Según Cristian Cobos, coordinador del Ministerio de Educación de la Zona 6, además del registro, los profesores informan si han logrado mantener algún contacto con el estudiante que ha dejado de conectarse y con sus familiares. Pero todos esos datos, aún no se conocen.
Ayudas
Ante el número de estudiantes necesitados, empresas privadas, fundaciones y miembros del sector público, cuya responsabilidad con la educación no es su competencia, han asumido el trabajo de buscar la manera de ayudar.
Por ejemplo, solo en el caso de Cuenca se han abierto espacios para que los estudiantes asistan principalmente para los llamados control de tareas.
En el centro de la ciudad, en una de las oficinas de la UNE, hace un poco más de un mes se empezó a ofrecer gratuitamente los servicios, luego de que obtuviera varias computadoras y útiles escolares a través de donaciones.
Los estudiantes llegan hasta el sitio, en donde voluntarios los ayudan a realizar sus tareas y a nivelarlos en las materias que más problemas tienen.
Para Diego Morales, concejal de Cuenca, en las zonas periféricas la necesidad es aún más visible porque hay familias que tienen hasta cuatro estudiantes y solo cuentan con un equipo tecnológico.
“Comenzamos a recibir muchas alertas de las parroquias rurales en las que alertaban en que necesitaban mejorar el internet o que requerían donaciones de computadoras, por lo que surgió la idea de crear aulas temporales”, comentó Morales.
El concejal, en conjunto con fundaciones y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instauraron aulas en Molleturo y San Joaquín para ayudar con las tareas, y aunque ha habido buenos resultados, Morales reconoce que no se puede ubicar aulas en todos los sectores necesitados.
“Lo ideal sería que las escuelas en las zonas rurales vuelvan a abrir porque hay chicos que se están atrasando demasiado”, agregó el concejal.
Retorno progresivo
El 28 de febrero, el Comité de Operaciones de Emergencia nacional permitió que 77 instituciones educativas, entre rurales y privadas, retornen a las clases presenciales a partir del dos de marzo. Ello ha provocado diversos comentarios y pedidos.
Por un lado, los maestros han solicitado que el retorno progresivo a las clases presenciales se dé siempre y cuando el personal de las instituciones se vacune. Aquello, según el Ministerio de Salud, empezará el próximo mes, sin embargo, para los docentes es incierto.
“No tenemos un plan de vacunación, y si tenemos, ha sido compartido a medias. Para regresar a las aulas tenemos que estar vacunados los profesores y los estudiantes, eso ha sido nuestro pedido”, dijo Rubén Lema, presidente de la UNE en Cuenca, a diario El Mercurio.
Por el otro lado está la Defensoría del Pueblo, que el primero de marzo solicitó medidas cautelares para dejar en las manos de un juez la decisión de que los 3 974 estudiantes de las 77 instituciones regresen o no a las aulas.
Para la Defensoría no debería ser así, sino que el Gobierno de Lenín Moreno mejore la conectividad en los sectores rurales y dote de equipo tecnológico a los estudiantes para que siguen sus clases a través de la virtualidad.
Sin respuesta certera para los pedidos de los distintos actores, el dilema continúa: ¿seguir con la desigualdad de condiciones de los estudiantes o exponerlos a un posible contagio?
Y ello se suma una nueva pregunta que tampoco ha sido respondida por el Ministerio de Educación: ¿cuál será el plan para que los 90 000 niños y adolescentes que desertaron regresen al sistema educativo? (I)
