El 4 de marzo de 1991, el entonces presidente Patricio Aylwin (1990-1994), el primero en asumir durante la transición democrática, se dirigió a los chilenos mediante un mensaje televisivo y en nombre del Estado pidió «perdón a los familiares de las víctimas» de Pinochet, luego de leer el conocido como «Informe Rettig», que reconoció por primera vez de forma oficial las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos perpetradas durante 17 años por agentes del Estado.
«Yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas», expresó el ya fallecido expresidente, que luego pidió «solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden (…) que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo».
Presidida por Raúl Rettig, exembajador del expresidente Salvador Allende (1970-1973), la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada el 25 de abril de 1990, recopiló en poco menos de un año antecedentes que ayudasen a esclarecer la verdad sobre la brutal política represiva de la dictadura.
Como resultado, detalló 3.920 casos donde en su gran mayoría disidentes políticos del régimen fueron víctimas de tortura con resultado de muerte, asesinato y/o desaparición por parte de los organismos de seguridad estatales.
Treinta años después, diversas organizaciones en Chile aseguran que, sin haber aplicado al Estado las reformas sugeridas en el informe para las fuerza de seguridad, sigue habiendo deudas pendientes y que, incluso, siguen agravándose a la luz de los hechos acaecidos en el país desde la grave ola de protestas que estalló en octubre de 2019, donde organismos como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han reconocido una violación generalizada de los Derechos Humanos para reprimir las manifestaciones.
VERDAD HISTÓRICA
Con tres tomos de extensión, la relevancia del «Informe Rettig» radica en que «reconoce de manera oficial la ocurrencia de violaciones a los Derechos Humanos cometidos por agentes del Estado», dijo a Efe el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Carlos Margotta, agregando que hasta ese momento «tanto representes de la dictadura como el conjunto de las Fuerzas Armadas habían negado su existencia».
Sin embargo, el capítulo sobre «Recomendaciones» contenido en el voluminoso documento «no fue acogido durante más de 31 años, desde que el informe fue publicado el 8 de febrero de 1991», explicó Margotta.
Con uno de sus objetivos centrado en sentar las bases para el «nunca más», la Comisión Rettig entregó directrices que debía seguir el Estado para avanzar en esas garantías, entre ellas una reestructuración total de las Fuerzas Armadas y de Orden, con la idea de formar a las nuevas generaciones de oficiales con una impronta en Derechos Humanos, y una reforma profunda al Poder Judicial.
Es decir, que el Ejército y otra ramas «abandonaran la Doctrina de Seguridad Nacional, inspiradora de la política de exterminio contra la disidencia política», y cambiar un Poder Judicial «que jugó un rol de cómplice al no cumplir con sus funciones, amparando la impunidad», explicó Margotta.
A su juicio, las violaciones a los Derechos Humanos vividas en Chile desde octubre de 2019 en adelante por parte del Cuerpo de Carabineros se explican, en parte, porque esas transformaciones nunca se realizaron.
EDUCACIÓN Y MEMORIA
Uno de los fundamentos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en el centro de la capital chilena, es la información contenida en el «Informe Rettig», así lo comentó a Efe la presidenta de su Fundación, María Luis Sepúlveda.
«Nuestro trabajo apunta a que la memoria colectiva de la sociedad chilena nunca olvide lo que pasó», dijo Sepúlveda, «para que aprendamos a convivir, a respetarnos unos a otros en nuestra dignidad de personas».
Sin embargo, Sepúlveda lamentó que «el Informe Rettig nunca se conversó» y que al mes siguiente de ver la luz quedó «sepultado por las circunstancias de la época», ya que en abril de 1991 el senador Jaime Guzmán, partidario de la dictadura que lideró la redacción de la Constitución de 1980, fue asesinado, y el suceso frenó el debate nacional que iba de la mano con la cobertura de los hechos destapados en el informe.
«Eso significó que las violaciones a los Derechos Humanos de la dictadura volvieron a ser un problema privado de quienes lo sufrieron, la sociedad quedó al margen», expresó.
«ES UN INFORME MUTILADO»
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, el informe tiene un valor fundamental en tanto establece una verdad irrefutable, aunque «no reconoció a todas las víctimas».
«Se saltaron la palabra justicia», declaró a Efe la dirigenta, ya que según estimaciones de la AFEP, más de 1.300 causas permanecen abiertas y el Poder Judicial está al debe.
«Todos los gobiernos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo están en deuda con los familiares y las víctimas, con la sociedad. Hoy el tema de Derechos Humanos incluso llega a ser relativizado por algunos sectores», señaló Lira. EFE
