El movimiento indígena de Ecuador ha solicitado a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) que apruebe la vacuna rusa Sputnik V y otras que ya circulan en amplias regiones del mundo para inmunizar cuanto antes a la población.
Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de la provincia andina de Cotopaxi (MICC), dijo a Efe que sus comunidades viven momentos de angustia ante la fuerza de la pandemia, por lo que ha mantenido reuniones con diplomáticos rusas acreditados en el país para hablar sobre la posibilidad de obtener su vacuna.
Iza se hizo eco de varios especialistas que consideran que Ecuador va con mucho retraso en el proceso de vacunación a su población y criticó la gestión del Gobierno del presidente Lenin Moreno que, de momento, sólo ha logrado cubrir un 0,2 % de los 9 millones de habitantes que ha ofrecido inmunizar este año.
La expansión del contagio ha llegado a límites preocupantes, agregó el dirigente al precisar que, por ejemplo, en su jurisdicción apenas hay capacidad para atender cuadros de coronavirus con afecciones respiratorias agudas para 77 pacientes y remarcó que esa realidad «está a tope»
«Por más esfuerzos que hagamos, si no se gestiona la vacuna, no habrá respuesta que valga», subrayó al recordar que Cotopaxi -según la información oficial- es una de las diez provincias con mayor contagio de la covid-19 en el país.
Indicó que en la última reunión que mantuvo en la Embajada rusa, sus autoridades le explicaron que son cuatro los factores que se deben concretar para que haya la posibilidad de que la vacuna Sputnik V pueda entrar en Ecuador.
La primera condición, remarcó Iza, es que el Arcsa debe precisar las especificaciones técnicas y científicas que garanticen su llegada, en un proceso de verificación que «no parte de cero», ya que la farmacéutica rusa ya ha entregado a la autoridad la petición de ingreso y todos los documentos requeridos para su aprobación.
Y es que «si no hay la autorización, no habrá cómo traer la vacuna», añadió el dirigente al recordar que la vacuna rusa ya fue autorizada en muchos países del mundo, especialmente de Europa y Asia, por el nivel de efectividad que garantizan sus fabricantes.
Además, agregó, con la Embajada rusa se trató sobre los cupos de vacunas que se podrían asignar a Ecuador, en un momento en que el mercado mundial ha empezado a demandar el producto y su capacidad de producción es limitada.
Si no se actúa a tiempo y se separan las remesas, «puede ser que quedaremos esperando por mucho tiempo» la llegada de las dosis y, justamente, por ello es que se necesita de la autorización «cuanto antes», remarcó al considerar que podría ser la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) la que precise la cifra de dosis requeridas de acuerdo a la demanda de cada ciudad.
Asimismo, explicó que ha consultado a Rusia la posibilidad de que se puedan ofrecer «precios diferenciados para los pueblos indígenas», lo que los diplomáticos rusos trasladarán a su país.
Iza remarcó que el contacto con Rusia «no es para resolver la necesidad de los pueblos y nacionalidades indígenas», sino como una estrategia «para toda la población», la mayoría de la cual aún no tiene certezas sobre los planes de vacunación del Gobierno.
El dirigente del MICC, filial de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), explicó que esta semana ya han enviado al Arcsa una carta solicitando explicaciones sobre el estado de certificación de vacunas contra el coronavirus.
De momento, la Agencia de Regulación ha aprobado la llegada de las vacunas de la estadounidense Pfizer (6 millones de dosis), la británica AstraZéneca (5 millones) y la china Sinovac (2 millones), aunque el Ejecutivo ha explicado que también espera obtener dosis de la iniciativa Covax (8 millones), coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Gobierno ecuatoriano piensa adquirir unas 20 millones de dosis para inmunizar en este año al menos a un 60 % de la población (9 millones de personas).
Iza hizo una relación con el avance en el proceso de vacunación de países de la región como Argentina, México y Bolivia, y dijo sospechar que el Gobierno local ha dado prioridad a negociaciones con marcas de vacunas relacionadas con EEUU o su órbita.
El combate a la pandemia se enmarca en «una necesidad de defender la vida, y por eso, no puede haber intereses políticos» de por medio, agregó.
Las autoridades municipales indígenas calculan que deberían obtener entre 200.000 y 300.000 dosis para vacunar a lo que Iza denominó como «la primera línea de los pueblos y nacionalidades», en referencia a los campesinos que han tenido que asistir a comunidades con alto nivel de contagio. EFE
