En una audiencia, que se cumplió la mañana del último viernes, la Fiscalía de Azuay inició una instrucción de noventa días contra el ciudadano Giorgio S., por presuntamente paralizar el servicio público en el edificio Paucarbamba de la Fiscalía de Azuay.
La jueza Paola Beltrán ordenó al procesado la presentación periódica, prohibición de salida del país y la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica.
Alejandra Ledesma, fiscal de turno, expuso duran- te la diligencia que, aproximadamente a las 08:30 del viernes, en las instalaciones del Servicio de Atención Integral (SAI), el procesado habría insultado a los servidores de la fiscalía y manifestado que a las 11:00 haría explotar a todo el personal y al edificio, porque había colocado una bomba.
Por esta razón, el personal y los usuarios fueron evacuados. Agentes de Policía acordonaron las instalaciones para que un equipo técnico antiexplosivos inspeccione, registre el edificio y verifique si existía algún tipo de explosivo.
A las 10:30, Giorgio S. fue detenido en el sector del mercado Diez de Agosto por la Guardia Ciudadana de Cuenca (GCC) debido a que el sujeto estaba intimidando a los transeúntes. El sospecho fue entregado al personal de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de San Francisco.
La instrucción fiscal se basó en: versiones de varios funcionarios, el informe de la Dirección Provincial de Recursos de la Fiscalía Provincial del Azuay, que certificó la paralización del servicio; el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y el parte policial. (IVM)-(I)
El artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
