Andrés Isch, ministro de Trabajo, defendió su gestión ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que lo convocó este fin de semana para que presente sus pruebas de descargo en el marco de la sustanciación de juicio político que planteó en su contra la legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana Marcela Holguín, alineada al correísmo.
En su comparecencia de casi cuatro horas, Isch dijo que pese a la crisis sanitaria que fracturó el tejido productivo y derivó en desvinculaciones laborales, su trabajo se orientó a preservar el empleo y a crear nuevas plazas a través de nuevos contratos por giro de negocio, contratos de empleo productivo, empleo joven, contratos de formación y contratos turísticos.
Sobre el supuesto incumplimiento de funciones al no permitir el acceso a la información solicitada por el Observatorio de la Ley de Discapacidad, el ministro indicó que lo que hizo fue proteger la información personal como lo dispone la Constitución y la Ley.
Sin embargo, aseguró que sí entregó información pública, como planes operativos, el número total de personas con discapacidad insertos en el sector laboral en el país y el número de inspecciones realizadas entre 2018 y 2020.
Jaime Olivo (Pachakutik) insistió que los derechos laborales están establecidos en la Constitución y las instituciones del Estado deben respetar y cumplir con sus preceptos. En cinco días la Mesa de Fiscalización debe entregar su informe a César Litardo, presidente de la Asamblea en el que se debe incluir las razones por las cuales recomienda al pleno archivar o continuar con el proceso de juicio político. (SCC)-(I)
