Una feroz pugna se ha desatado entre quienes defienden la administración del Banco Central del Ecuador (BCE) bajo la conducción directa del gobierno y los que sostienen que la misma debe estar bajo un directorio de técnicos, autónomo del gobierno. Estos últimos argumentan que es necesario evitar que se meta la mano en las reservas monetarias del BCE para resguardar la dolarización y ponen como ejemplo lo que se hizo en el gobierno de Correa que tomó del BCE USD 8.342 millones como “facilidades de liquidez” e “inversiones domésticas”.
De conformidad con la Constitución, la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumenta a través del BCE que es una persona jurídica de derecho público regida por la ley.
Esa ley es el Código Orgánico Monetario y Financiero que señala que tanto el BCE como la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, son parte de la Función Ejecutiva, Junta que elige al gerente general del BCE dicta las regulaciones y se conforma por tres ministros y un delegado del Presidente de la República. Es decir, todos ellos subalternos.
El proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización dota de un Directorio al BCE conformado por 5 miembros, que serían profesionales técnicos y especializados en asuntos monetarios y financieros, y sin conflicto de intereses, propuestos por el Presidente de la República y nombrados por Asamblea Nacional. Se buscaría dotarle de autonomía técnica al BCE para evitar manejos irresponsables de las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado.
Sin embargo en esencia el proyecto de Ley pretende que la administración del BCE pase a un directorio cuyos miembros de hecho estarían relacionados con el sector bancario y financiero privado, pues el Estado ecuatoriano está siempre penetrado por funcionarios vinculadas a los sectores empresariales poderos como sucede en la mayoría de ministerios e instituciones públicas, o acaso no fueron organismos conformados por representantes de la misma banca los protagonistas de los créditos vinculados, los préstamos de liquidez del BCE a la banca privada y el feriado bancario?. El tema no es de ley sino de control. Leyes sobran, falta la ética. (O)
