En la primera jornada de esta audiencia virtual, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, escuchó los argumentos del fiscal y del abogado del expresidente.
Tras una sesión de más de siete horas, la jueza suspendió la audiencia, que se retomará el jueves, cuando se acabará de debatir esta medida cautelar solicitada por el fiscal antocorrupción Germán Juárez, quien ya logró que el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) pasase casi un año en prisión preventiva.
Vizcarra, actual candidato al Congreso, es investigado por los presuntos sobornos que habría recibido de las constructoras Obrainsa e Iccgsa para la licitación del proyecto Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua, respectivamente, cuando fue gobernador de esa región sureña, entre 2011 y 2014.
TRES DELITOS Y 34 AÑOS DE CÁRCEL
El fiscal del equipo especial Lava Jato, Germán Juárez, sustentó durante la audiencia el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente, imputado por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.
En total, el fiscal ha estimado una pena de hasta 34 años de cárcel, una cantidad que supera de largo los cuatro años establecidos como los mínimos para sustentar uno de los requisitos para la prisión preventiva de los procesados.
La defensa de Vizcarra, representada por el abogado Fernando Ugaz, aseguró que no existen motivos para imputar al exmandatario por los delitos de colusión ni asociación ilícita.
«Lo que la Fiscalía está pretendiendo es un tema de cohecho», sostuvo el letrado, quien rechazó el pronóstico de la pena de 34 años que ha estimado Juárez.
LOMAS DE ILO
La versión del Ministerio Público defiende que Vizcarra se benefició de «donativos indebidos» que ascendieron a un millón de soles (270.000 dólares) por el proyecto hídrico Lomas de Ilo y a 1,3 millones (350.000 dólares) por el hospital regional.
En el primer caso, el expresidente habría pedido dinero a Obrainsa a cambio de ofrecer «información privilegiada» a la empresa para que ésta ganara el concurso, cuyo proceso, evaluación, calificación y resolución de consultas técnicas fue realizado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), organismo de la ONU que se usa para estos casos precisamente para evitar actos de corrupción.
Sobre esto, el fiscal precisó que la Unops «no adjudicaba» la obra sino que se encargaba de recomendar la mejor oferta para que el gobierno regional de Moquegua, encabezado por Vizcarra, procediera a la suscripción del contrato.
A modo de prueba, Juárez mostró dos cheques girados con la salida de un millón de soles a nombre del conserje de Obrainsa y el registro de llamadas entregado por Telefónica, que evidenciaría las comunicaciones entre Vizcarra y el entonces gerente de la empresa, Elard Tejeda, quien declaró que el acusado le había revelado en una reunión que el monto máximo de la obra debía alcanzar los 81 millones de soles (22 millones de dólares).
HOSPITAL
En relación con la construcción del hospital regional, el fiscal defendió que el ex jefe de Estado habría facilitado que el Consorcio Hospitalario, formado por las empresas Iccgsa y Incot, recibiera la adjudicación de la obra, que también se realizó bajo la coordinación de la Unops.
Este supuesto acto de corrupción se habría hecho vía un intermediario, un exministro de Pedro Pablo Kuczynski y amigo personal de Vizcarra, José Hernández.
Juárez presentó el registro de mensajes de WhatsApp y llamadas que intercambiaron Hernández, Vizcarra y el exgerente comercial de Iccgsa, Rafael Granados.
Estas pruebas, según el fiscal, demuestran que «Vizcarra utiliza a Hernández para que le diga a Granados que quiere que se le dé la cantidad de 1,3 millones para favorecerlo con la adjudicación de la obra del hospital de Moquegua».
Una de las entregas del dinero se habría hecho a través del chófer de Hernández, quien ha confirmado que trasladó hasta la casa del expresidente un paquete por encargo del exministro, aunque aseguró no saber de qué se trataba.
OTRO EXPRESIDENTE IMPUTADO
Con este pedido fiscal de prisión preventiva, Vizcarra pasa a integrar la extensa lista de exmandatarios peruanos que el Ministerio Público quiso llevar a la cárcel mientras estaban siendo investigados por delitos de corrupción.
Este fue el caso de los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien no llegó a pisar la prisión porque se quitó la vida en 2019.
De dictarse la medida restrictiva y cautelar, Vizcarra podría seguir participando de la carrera electoral para los comicios generales del próximo 11 de abril aunque, en caso de ser elegido congresista y permanecer en prisión preventiva, no podría asumir el cargo. EFE
