En momentos en que Brasil vive la peor fase de la pandemia, con un promedio de 2.000 muertos por día en las últimas dos semanas, el Gobierno se dirigió a la Corte Suprema para exigir que los decretos locales que restrinjan actividades y la circulación de personas sean aprobados previamente por los Legislativos regionales o municipales.
En la práctica, eso burocratizaría y hasta atrasaría la toma de decisiones sobre esas medidas, a las que Bolsonaro se opone desde el inicio de la pandemia, convencido de que el «desempleo y el hambre matan tanto como el virus».
La demanda fue presentada por la Abogacía General de la Unión (AGU), en representación del Gobierno, y defendida este viernes por Bolsonaro en un breve encuentro con algunos seguidores.
«Mi preocupación es con el pueblo brasileño, con vacunas, con la vida, con trabajo, con empleo», declaró el mandatario, quien apuntó, en alusión a los gobernadores y alcaldes, que «son tipos que nunca pasaron necesidades, sólo sienten el olor del pueblo en época de elecciones y ahora le dicen a todos que se queden en casa».
En un tono más firme, subrayó que su Gobierno «jamás» ordenará un confinamiento de la población o apoyará medidas adoptadas en algunas ciudades del país, que incluyen hasta toques de queda nocturnos.
«Son medidas dictatoriales», propias de un «estado de sitio», sostuvo el líder de la ultraderecha brasileña, quien dijo que «el terreno fértil para las dictaduras son el hambre y la pobreza».
También advirtió que las Fuerzas Armadas no intervendrán para imponer el cumplimiento de las medidas decididas por las autoridades locales, que adoptan esas restricciones en el marco de competencias constitucionales que ya han sido ratificadas por el Supremo.
«Si el pueblo empieza a salir de casa, en desobediencia civil, mi Ejército jamás irá a la calle para hacer cumplir esos decretos», enfatizó Bolsonaro y agregó: «Ni por orden del papa».
CONTRA LAS RESTRICCIONES Y POR MÁS «ACTIVIDADES ESENCIALES»
La demanda presentada al Supremo pide que se «establezca que, aún en casos de emergencia sanitaria comprobada, las medidas de cierres de servicios no esenciales exigen respaldo legal y deben preservar el mínimo de autonomía económica de las personas, posibilitando su subsistencia personal y familiar».
El «respaldo legal» que reclama la AGU es una autorización previa de los Legislativos regionales o municipales, según sea el caso.
La acción está limitada a medidas adoptadas en los estados de Río Grande do Sul, Bahía y el Distrito Federal de Brasilia, pero en caso de ser acogida sería considerada de «repercusión general» y válida para todo el país, dijeron fuentes judiciales consultadas por Efe.
De hecho, Bolsonaro incluyó en sus quejas a Río de Janeiro, cuyo alcalde, Eduardo Paes, dictó este viernes un decreto mediante el cual serán cerradas el fin de semana todas las playas de la ciudad, una de las más golpeadas por la pandemia en Brasil.
«En Río, el alcalde cerró todo. Hasta la playa. La vitamina D evita que el virus te pegue con más gravedad y la vitamina D se consigue tomando sol», sostuvo el mandatario, quien agregó que «dicen que están defendiendo la vida y están matando personas».
Bolsonaro también anticipó otro paso que dará el Gobierno contra unas restricciones acentuadas ahora frente a la aceleración de una pandemia de la que Brasil es hoy epicentro global, con casi 290.000 muertos, unos 12 millones de casos y hospitales colapsados.
Se trata de un proyecto de ley que remitirá al Congreso y en el que se ampliarán las llamadas «actividades esenciales», las únicas permitidas por los decretos de gobernadores y alcaldes.
Aunque no adelantó muchos detalles, sí dejó claro que, en su opinión, «actividades esenciales son todas aquellas que le permiten a un padre de familia llevar comida a su casa».EFE
