Los principales directivos de la compañía INV Metals, a cargo del proyecto minero Loma Larga, que está en los cantones de Cuenca, Girón y San Fernando, de la provincia de Azuay, ayer tuvieron un conversatorio con medios de comunicaciones.
La reunión, que se cumplió de manera virtual, estuvo presida por Fernando Carrión, gerente de responsabilidad social de esta empresa, de Canadá; y Jorge Barreno, gerente general de esta firma minera en Ecuador.
Loma Larga (conocida antes como Quimsacocha) mantiene su concesión en territorio de Girón a pesar de que una consulta popular desarrollada el 24 de marzo de 2019 en ese cantón resolvió que ya no haya más minería.
En esta se preguntó ¿Está usted de acuerdo en que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?. De 7.135 electores, el 86,79% dijo que no y solo 1.086 respondieron que sí.
“Nosotros tenemos una de nuestras concesiones mineras en la jurisdicción de Girón, y esa concesión no está dentro del Complejo Hidrológico Quimsacocha por el cual votaron…”, aclaró Barreno.
Ahora, luego de un nuevo plebiscito, esta vez en Cuenca, cumplido el 7 de febrero de 2021, en donde el 80,04% de los electores (348.000 personas) votó para que se prohíba minería en áreas sensibles, INV Metals tiene un nuevo escollo.
Análisis
De acuerdo con un análisis que ha hecho esta compañía, el 63% eligió el sí, y si se analiza el contexto total de la población, de las personas que están en capacidad de sufragar en Cuenca, el 51% se pronunció por el sí.
“Cuando se escribe y cuando se comunica que el 80% de la población de Cuenca ha votado a favor de la consulta popular esa no es una lectura real (…)”, mencionó Barreno.
Y agregó que la Corte Constitucional del Ecuador (CCE), cuando resolvió aceptar esta consulta, estableció primero que los resultados que se obtengan sean aplicados para el futuro.
“Segundo: que no se otorgaba ninguna competencia adicional al Municipio de Cuenca en este tema, y tercero que básicamente los resultados serán aplicados para el futuro reconociéndose los derechos ya adquiridos por las compañías”, dijo.
Asimismo señaló: “nosotros en particular en Loma Larga tenemos los títulos mineros otorgados por el Estado desde el año 2000, muchos asocian el discurso evidentemente el otorgamiento de los títulos a un gobierno en particular…”.
Reservas
En 2006 por medio de un estudio se descubrió que allí hay unos 9,8 gramos (gr) de oro por tonelada, además 0,9% de cobre e igualmente alrededor de 34 onzas (oz) de plata.
Indicó que en este proyecto han invertido más de 70 millones de dólares. “No se puede prácticamente expropiar el derecho de esa inversión, a recuperar esa inversión y a desarrollar un activo…”
Acotó: “el derecho que nos otorgó el Estado es para prospectar, explorar, evaluar, desarrollar, exportar y comercializar los minerales… No nos pueden cortar el título minero en una parte…”.
Según Fernando Carrión, en América Latina se han dado más de 100 solicitudes de consultas públicas por el tema de minería en relación a un recurso natural, especialmente, el agua.
“Casi en el 100% de consultas producidas en América Latina, el mejor resultado digamos… es que el 98% de la población de Colombia, en uno de los proyectos, votó a favor del agua y en contra de la actividad minera…”, afirmó.
Acotó: “es casi universal el criterio de que una consulta cuando se antepone un recurso como el agua, aire, tierra, versus cualquier actividad productiva la respuesta es obvia”.
A decir de Carrión esta forma de construir las preguntas en una consulta lleva a un mismo destino, que es paralizar la actividad, por lo que es necesario incluir otras interrogantes para estos procesos de participación.
Antimineros
El pasado 10 de marzo el colectivo Cabildo por el Agua de Cuenca entregó a la Comisión de Medio Ambiente, del Concejo Cantonal de Cuenca, un proyecto legislativo para consolidar los resultados de la consulta popular.
El fin es proteger las áreas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay, que son los que abastecen de agua a la población, dijo David Fajardo, miembro de este grupo.
Esta organización plantea el proyecto Ordenanza que Establece las Áreas de Incidencia Estratégica para el Desarrollo Sostenible y Norma el Uso y Ocupación del Suelo y las Políticas Públicas para Comunidades que Viven en esas Áreas.
Esta reglamentación propone cinco áreas estratégicas entre las que están: Quimsacocha-Cancan-Irquis-Yanuncay; Quitahuayco-Patul-Balao Grande y Gallo Cantana-Mazán-Tomebamba-Culebrillas.
También: Chanlud-Machángara-Tomebamba; y Migüir-Chorro-Río Blanco-Molleturo-Mollepongo, y en todas estas queda restringido además construir cerramientos, muros, vivienda, bodegas y campamentos.
