El ministro ecuatoriano de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, expuso este domingo ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional los alcances y beneficios del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización.
En su exposición, Pozo destacó que este proyecto de ley es una necesidad del país, del programa económico y de los acuerdos internacionales «para defender a la dolarización, que es respaldada prácticamente (por) la totalidad de los ecuatorianos».
Recordó las problemáticas que enfrenta el Banco Central del Ecuador (BCE) desde que perdió su independencia técnica, como el cumplir un rol de banca comercial cuando su función es administrar los recursos que custodia, preservando el principio constitucional de seguridad, indicó el Ministerio en un comunicado.
Añadió que de los préstamos que el BCE otorgó al Estado en el gobierno anterior, recibió daciones en pago con acciones de la banca pública (instrumentos no líquidos).
Ello le generó un problema de «descapitalización que ha ocasionado que, al momento, exista una brecha de 6.637 millones de dólares entre las reservas internacionales y los depósitos que tienen en la entidad bancos, cooperativas, IESS, Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otros», señaló.
Informó de que, en 2008, estas reservas cubrían el 93 % de los depósitos y ahora solo el 47 %.
Además, indicó que en 2015, a través de un Decreto Ejecutivo, «se le asignó al BCE la función de gestionar la crisis bancaria del año 1999 abriendo el riesgo de que con sus recursos cubra el daño ocasionado por ex accionistas de la banca cerrada».
En cuanto a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Pozo señaló que el organismo asumió funciones de directorio del BCE, de Junta Bancaria y del Consejo Nacional de Valores «sin tener una estructura técnica y administrativa».
Ante estos antecedentes, destacó que el proyecto de Ley busca mantener un sistema monetario estable para preservar la integridad de la dolarización.
Ello, a través de la independencia técnica de una Junta de Política y Regulación Monetaria (JPRM), que formule políticas que sean implementadas por el BCE, y de otra Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF).
Ambas Juntas y el BCE seguirán siendo parte de la Función Ejecutiva, reza la nota oficial.
Entre las principales reformas que se proponen al BCE, el ministro citó al restablecimiento los cuatro sistemas de cobertura del balance general de la entidad, el dotarle de independencia técnica y reforzar su rol de «tercero confiable».
Además, la aplicación de normativa acorde a estándares internacional, el aumento del capital (autorizado, suscrito y pagado), el establecimiento claro de funciones y atribuciones del Gerente General, y retirar la función relacionada con el cierre de la crisis bancaria de 1999.
Precisó que la JPRM y la JPRF tendrán 5 miembros, cada una, que serán propuestos por el jefe de Estado y designados y posesionados por la Asamblea Nacional, y con disposiciones claras de rendición de cuentas sobre su labor.
Las funciones de la JPRF serán formular las políticas crediticia, financiera, incluyendo la política de seguros, servicios de atención integral de salud prepagada y valores.
Asimismo, emitir un marco regulatorio prudencial y no prudencial para entidades financieras, de valores y seguros, conforme a lo previsto en la Constitución.
De igual manera, formular políticas para fomentar la inclusión financiera; normar los criterios y protocolos para determinar la existencia de una crisis sistémica, en consulta con el ente rector de las finanzas públicas y con base en los informes técnicos correspondientes. entre otras.
Pozo añadió que la reforma «prohíbe la estatización de deudas».
Por otra parte, destacó que el proyecto de Ley mejora la supervisión de los sectores financieros con reformas de normas que enmarcan los principios de supervisión y las competencias sancionadoras de los entes de control.
El pasado 29 de marzo, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea calificó a trámite el proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Lenín Moreno para afianzar el sistema monetario del país una vez que deje el cargo en mayo.
Ecuador se dolarizó en 2000 tras una grave crisis bancaria y económica con fuertes ramificaciones sociales. EFE
