Ha transcurrido casi año y medio desde la “toma” de Quito por los movimientos indígenas, escenario de atrocidades que se cometieron en esta coyuntura y recién se inicia un juicio contra 27 personas, que se considera incendiaron el edificio de la Contraloría. Razones habrá para esta demora, pero satisface que se lleve a cabo en la postrimería del actual gobierno, pues en el futuro incierto, cualquier cosa podría pasar, peor aún si se destruyeron documentos que complicaban a capitostes del gobierno anterior. Este incendio fue fríamente calculado, lo que reduce al mínimo la autoría de delincuentes comunes y corrientes.
En el ejercicio de la abogacía, hay una serie de muletillas que los defensores usan para justificar los honorarios. Uno de ellos, en este caso, “considera” que la decisión de la fiscalía es “política”. Sin hacer afirmaciones categóricas, hay serias sospechas de que los que planificaron este incendio tenían motivaciones políticas, de manera que, en este caso, decir que la decisión judicial es “política” en nada disminuye la razón de ser de este delito. Dudo mucho que alguien crea que hubo un Nerón que lo organizó para disfrutar del poder destructivo de las llamas, como el pirómano emperador de Roma.
La política es una actividad noble cuya meta es el bien común de la colectividad, pero como en todo lo humano, es posible recurrir al poder que genera para cometer delitos comunes como el caso que comentamos. Se habla de delitos políticos con buena intención para referirse a los que no tienen otro fundamento que el pensamiento de los reales supuestos autores, que no concuerda con el de los gobernantes. Negociados y sobornos son delitos comunes que, lejos de mitigarse, se agravan si los cometen quienes usan el poder político para cometerlos con más facilidad.
