Desde el lunes los buses que transportan pasajeros entre provincias y cantones no darán servicio, así lo anunció la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros Intra e Inter Provincial (Fenacotip).
De acuerdo con un comunicado firmado por Abel Gómez, representante de este gremio, esta medida de hecho se debe a la falta de recursos para financiar la operación de las unidades.
Pero, además, según consta en el documento, porque el Gobierno Nacional no ha respondido de forma positiva a las solicitudes que ha hecho esta organización, desde finales de 2020.
Uno de los pedidos y el más importante es que no suba el precio del combustible cada mes. Por ejemplo, en abril cuesta 1,44 el galón de diésel; en marzo valía 1,40; en febrero 1,37, y en enero 1,33.
Entre los requerimientos también está que el Estado controle el transporte informal, y que gestione ante la banca para que esta dé mayores plazos y beneficios a los transportistas que tienen deudas.
Terminal
De acuerdo con datos de la Empresa de Movilidad (EMOV EP), del Municipio de Cuenca, la Terminal Terrestre de Cuenca es ocupada por 50 cooperativas intra e interprovinciales. Esto representa unos 1.040 buses.
Asimismo, actualmente esta tiene una afluencia de entre 7.000 a 8.000 personas de lunes a viernes, y los sábados y domingos se incrementa en un 10%.
Hasta antes de la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19, por esta terminal salían e ingresaban a esta ciudad unos 13.000 ciudadanos.
En este lugar la tarde de ayer dirigentes de las cooperativas de transporte se reunieron para analizar la acción de protesta y hasta el cierre de esta edición no emitieron ningún pronunciamiento oficial.
No obstante, algunos conductores y ayudantes de las cooperativas permanecían a la expectativa por el anuncio de la Fenacotip sobre la paralización.
Criterios
Juan Solano, quien labora como chofer para la empresa Viajeros, explicó que en 2020 casi seis meses dejaron de operar debido a las restricciones por la Covid-19, y que en ese tiempo algunos transportistas quebraron.
“Muchos de nosotros nos quedamos sin trabajo y ahora que regresamos a operar tenemos que llevar solo la mitad de pasajeros y eso no alcanza a veces ni para el diésel, es trabajar a pérdida…”, mencionó.
El criterio de Solano es compartido por Ernesto Bermeo, conductor ocasional de la cooperativa Piñas, quien indicó que varias unidades están en venta debido a que este trabajo ya no es rentable.
“El transporte es una actividad de la que dependemos miles de familias, es nuestro sustento y creo que el Gobierno Nacional debe escucharnos más y darnos un mayor apoyo…”, reflexionó. (CSM)-(I)
LEGISLACIÓN
Giovanni Vanegas, abogado y especialista en temas de tránsito, explicó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 346 sanciona a quienes paralicen el transporte público.
Este cuerpo legal establece que: “La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público… será sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres años”.
“Transportistas y Gobierno Nacional deben sentarse en una mesa y sincerar las cosas, el transporte es fundamental para el país y no puede pararse, pero también los transportistas merecen ser atendidos…”, dijo.
Vanegas asimismo recordó que la Constitución del Ecuador en su artículo 98 garantiza el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público.
