Se viene la instalación de una nueva Asamblea Nacional y se tiene que definir las agendas legislativas de las distintas bancadas legislativas y de las alianzas que se acuerden entre sí.
Una agenda legislativa tiene que enmarcarse en la Constitución, pero también en la representación social, la conducta política que se defina frente al gobierno y los objetivos políticos para un periodo, por lo que dicha agenda no puede reducirse a un listado voluntarista de acciones para legislar y fiscalizar
Al evaluar la aplicación de la Constitución una agenda legislativa debería tener como uno de sus objetivos, hacer efectivo el Estado constitucional de derechos y Justicia, la plurinacionalidad e interculturalidad, reforzar el sistema de garantías jurisdiccionales, la independencia de la función judicial, la autonomía de la Fiscalía General del Estado y garantizar el régimen de autonomías, descentralización y distribución equitativa de recursos.
Un segundo objetivo debería ser desestructurar la normatividad contraria a la Constitución que apuntala el neoliberalismo y por lo tanto adecuarla al régimen de desarrollo establecido en la misma lo que implica desmontar la legislación que favorece la monetización de activos (privatizaciones), fortalecer la economía popular y solidaria, las empresas públicas, establecer una autonomía razonable del BCE tanto del gobierno como de los bancos, garantizar la seguridad social, salud y educación públicos.
Otro objetivo sería eliminar disposiciones jurídicas contrarias a las normas constitucionales sobre los derechos colectivos, derechos de la naturaleza, patrimonio natural y ecosistemas, protección del agua, humedales, páramos, bosques y vegetación protectores y zonas de recarga hídrica.
Un objetivo trascendental es la lucha anticorrupción con la expedición de una ley orgánica del sistema nacional anticorrupción.
En el ámbito de la fiscalización es necesario revisar las actuaciones privatizadoras del gobierno de Lenin Moreno, las contrataciones de última hora, fiscalizar las actuaciones del CNE y TCE, respaldar a la FGE en la investigación penal sobre actos de corrupción, fiscalizar las actuaciones que han debilitado al IESS, así como los actos del ministerio de salud durante la pandemia del Covid -19. (O)
