El nuevo gobierno tiene mucho por hacer. Las finanzas, la sanidad pública, la calidad de vida de la gente y el futuro del país. Todo, pasa por corregir la estructura del Estado. Es fundamental un cambio constitucional suficiente para anular un funcionamiento insano, antidemocrático y autoritario que la Constitución de Montecristi engendró.
El hiperpresidencialismo del Ecuador no es un mal menor, nace de la propia Constitución. Es un sistema de gobierno propio a la ambición populista -y monista a la vez- de quien tiene sed de poder; debilita a todos los órganos hasta el punto de anular la división tripartita de poderes. Introduce al Poder de Transparencia y Control Social que, como una clara aberración se conforma por órganos (Consejo de Participación, Contraloría, Superintendencias y Defensoría del Pueblo) y no por personas o representantes de la sociedad. Eleva a Poder de Estado a la entidad responsable de las elecciones, con la finalidad de corromper la dinámica natural de los partidos políticos y controlar también los procesos electorales.
El Poder Legislativo es debilitado, éste ya no designa funcionarios, ahora les entrega un acuerdo; no puede aprobar proyectos normativos en libertad del escollo presidencial; no enjuicia al presidente pues requiere autorización. Además, la Constitución establece la burlesca fórmula de la muerte cruzada con el único fin de entregar al ejecutivo la posibilidad de amenazar a los legisladores y corregir a los suyos propios al interior de la Asamblea Nacional. Siempre cuidándole al presidente. Todo, con un diseño institucional capaz de acrecentar competencias y debilitar a los demás.
Como si fuera poco, introduce mecanismos para tomarse la justicia y degenerar a la república y democracia. Eliminar al hiperpresidencialismo ecuatoriano, es la tarea pendiente. (O)
