El Gobierno juntamente con el COE Nacional, decretó en días pasados un nuevo Estado de Emergencia para 16 provincias del país, entre ellas el Azuay, a más de disposiciones generales para todo el territorio nacional, en vista del preocupante incremento de los casos de COVID-19, y el virtual colapso de la infraestructura hospitalaria, puesto que centenares de pacientes que esperan ser ingresados a las UCI, no pueden hacerlo por encontrarse saturados los centros de atención para el efecto, incluidos muchos de los hospitales privados.
Entre las medidas dispuestas, se establece un confinamiento total en las provincias con mayor incidencia de casos, durante los días sábados y domingos, y toque de queda durante las noches, entre otras disposiciones, que a criterio de diversos especialistas se las considera incompletas y sobre todo tardías, ya que, se indica al respecto el Estado de Emergencia se debió haber tomado meses atrás, debido al incremento sostenido de casos del Coronavirus, sin que los llamamientos a la ciudadanía para que acate las recomendaciones emitidas por el COE Nacional y COEs Provinciales hayan surtido efecto.
También y esto es lamentable, la Corte Constitucional no dio paso en ocasiones anteriores para decretar medidas de emergencia ante el avance imparable de la pandemia, y recién ahora el alto organismo ofreció una solución de compromiso, prácticamente para que se adopten estas nuevas medidas, que es de esperar, sirvan por lo menos para reducir el número de nuevos casos y evitar así que el Sistema de Salud se vea en situaciones más críticas que las actuales, que ya de por sí, son dramáticas.
De otra parte, los profesionales médicos no se han cansado de plantear un nuevo confinamiento total de la población, dentro de un Estado de Excepción, lo cual realmente sería la única manera de frenar la multiplicación de casos. Sin embargo, la realidad del país no soportaría un nuevo confinamiento total, sin generar un agravamiento de la crisis.
