La energía eólica ha disparado el consumo de madera de balsa en Ecuador y generado un mercado negro que pone en aprietos a la industria maderera, más allá del impacto ambiental y social que arrastra en zonas de la Costa y la Amazonía.
Los madereros ecuatorianos han alzado su voz después de que en 2020 hubiera un crecimiento desproporcionado del consumo de este preciado árbol, ochroma pyramidale en su designación científica, y se haya desarrollado un mercado ilegal paralelo porque la balsa es crucial para las aspas de las turbinas eólicas.
LA DEMANDA CHINA, ORIGEN DEL PROBLEMA
«El origen del problema se da al otro lado del mundo: China desde 2010, con algunas interrupciones, tenía un plan ambicioso de generación eólica para llegar a 2020 con una capacidad muy importante de esta energía limpia», explicó a Efe Christian Riofrío, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA).
Eso desencadenó, agrega, en distintos años de la última década una creciente demanda que, sin embargo, parece haberse frenado en los primeros meses de 2021.
La balsa, que por su densidad y peso específico es más liviana que el corcho, se utiliza para la fabricación de turbinas eólicas, un uso impulsado también por su resistencia físico-mecánica.
«Le da un papel preponderante en las aspas», señala Riofrío, quien interpreta que el fuerte incremento de la demanda en 2020 se debe a retrasos en el plan chino y a la aceleración de proyectos antes de que finalizara la vigencia de unos subsidios públicos.
Según datos oficiales, ese año Ecuador exportó maderas por valor de 855 millones de dólares, un 67 % más que en 2019 y casi el triple que en 2012. Dos tercios de esta «industria forestal» procede de la balsa, típica de los bosques tropicales de Suramérica y especialmente de este país andino.
LA «MALA HIERBA» DE LA AMAZONÍA
En las provincias costeras occidentales es donde proliferan los cultivos de este árbol, mientras que en la Amazonía oriental crece de forma silvestre, como «mala hierba», dicen sus habitantes, dado que su crecimiento es vertiginoso, de 3 a 5 años, y a priori fácilmente reforestable.
Cientos de camiones inundaban el año pasado las estrechas y muchas veces no asfaltadas carreteras de las provincias de Napo y Pastaza cargados con los troncos de balsa, tras convertirse en un nuevo sustento para las pauperizadas poblaciones indígenas.
Fácil de cortar y transportar, cada tronco de 1,30-1,50 metros era vendido a mercaderes irregulares por entre 8 y 10 dólares, una auténtica fortuna en esa región.
La tala indiscriminada ha sido también motivo de preocupación en ONG medioambientales como Pachamama, que ven cómo va dejando claros en el bosque primario e impactando en otras especies protegidas.
«Se está realizando sin ningún plan de explotación del bosque primario», se quejaba hace unos meses a Efe Pablo Balarezo, coordinador del programa Economías Resilientes de la ONG, quien advierte además de problemas sociales.
Uno de ellos es el negocio injusto, pues al proveedor le pagan un precio «tres o cuatro o cinco veces» inferior al de mercado, además de que ha provocado rencillas en tierras comunales de la nacionalidad kichwa.
Este mes el Ministerio de Medioambiente interceptó once camiones en la frontera con Perú cargados de este material sin los permisos requeridos de explotación forestal, incautaciones que el año pasado llegaron a 96,43 metros cúbicos de madera sólo en la provincia fronteriza de Morona Santiago, de los que 71,87 eran de balsa.
DAÑOS COLATERALES
Pero la inmensa mayoría de la tala ilegal, cuyo verdadero alcance se desconoce, llega a su destino por falta de controles, con el agravante de que en las carreteras los conductores son a veces interceptados por mercaderes espontáneos que secuestran la carga «con fajos en efectivo» encareciendo el producto, según Riofrío.
El mercado negro ha causado también «daños colaterales» a los madereros de la Costa, pues los árboles son robados muchas veces de sus plantaciones.
También ha conducido a la pérdida de «valor agregado», que es la industrialización del sector desde hace 70 años, y de «imagen», pues los irregulares venden la balsa en bruto y en ocasiones han sabido de envíos a China en los que la madera llegaba podrida.
«El producto principal de exportación es el bloque encolado y los paneles rígidos y flexibles», explica el ejecutivo sobre una cadena que genera alrededor de 80.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
La AIMA ha lanzado por ello una propuesta para luchar contra la tala indiscriminada, establecer prácticas sustentables que beneficien al país en toda la cadena de valor, incrementar las plantaciones para que no vaya a cuenta del bosque primario, y recuperar las áreas afectadas por «la ilegalidad y la informalidad».
La campaña incluye la capacitación de comunidades indígenas para una siembra ordenada, además de un diálogo con China, que consume el 70 % de esta exportación, con el fin de adaptar la oferta a la demanda. EFE
