Un juez de la Corte Provincial de Pichincha llamó este viernes a juicio al alcalde de Quito y a otros trece procesados por el presunto delito de malversación de fondos públicos en la compra supuestamente irregular de 100.000 pruebas para la detección de la covid-19.
«Jorge Y. es llamado a juicio, junto con los otros 13 procesados, por presunto peculado», indicó la Fiscalía en su cuenta de Twitter esta madrugada.
Y recordó que la audiencia preparatoria de juicio contra los 14 procesados por el presunto delito de peculado se desarrolló vía telemática durante cinco días.
La Fiscalía presentó más de 80 elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio.
«Tras una jornada de más de 14 horas de audiencia, el juez ha resuelto llamarme a juicio, a pesar de que mi defensa evidenció a lo largo del proceso que no existe peculado alguno. Estamos listos para demostrarlo en juicio», escribió hoy en Twitter el alcalde de Quito, Jorge Yunda.
El juez no acogió el pedido de la Fiscalía, que el pasado martes solicitó prisión preventiva para el alcalde de Quito, quien se mostró entonces sorprendido por la solicitud pues aseguró que cumplía con las medidas cautelares de forma estricta, como la presentación periódica ante la autoridad.
El fiscal provincial emitió el pasado lunes un dictamen acusatorio contra Yunda en base a varias evidencias como el contrato de emergencia para la adquisición de reactivos de las pruebas PCR Polimerasa, el pago de un anticipo del 70 % por 2,6 millones de dólares ordenados por el municipio, o la partida presupuestaria para la compra.
El Ayuntamiento quiteño adquirió esas 100.000 pruebas de detección de la covid-19 en 2020, cuando comenzaba la pandemia, y algunos de los funcionarios procesados han indicado que las pruebas adquiridas en ese momento eran «las mejores».
Sobre los procesados pesan en distinto grado diversas medidas cautelares, como la prisión preventiva, la prohibición de la salida del país, el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia y la presentación periódica ante sede judicial para el regidor.
La Fiscalía ecuatoriana indicó que el supuesto delito de malversación se refiere a la compra de 100.000 pruebas PCR a un costo de 4,2 millones de dólares en un contrato a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con la empresa Salumed S.A.
«En lugar de las PCR Polimerasa, había recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato», señala la entidad sobre la supuesta adquisición irregular de las pruebas.
El delito de peculado está sancionado con prisión de diez a trece años, según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
Alcalde de la capital ecuatoriana desde 2019, Yunda está imputado en la causa desde el 16 de febrero como autor mediato. EFE
