A propósito de que el día de hoy 1 de mayo se celebra el día universal de los trabajadores, es oportuno un breve análisis sobre algunos derechos sociales consagrados en la Constitución ecuatoriana, a favor de la clase trabajadora, y la realidad de dichos derechos en el marco de la gestión de los dos últimos Gobiernos.
Sobre el derecho social al trabajo, la Constitución establece en el artículo 33 que: “El Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado”.
Si bien en el Gobierno anterior se suprimieron ciertas aberraciones y abusos como la tercerización laboral, aún subsisten niveles salariales que impiden realizar el precepto constitucional de una “vida digna y decorosa”, y esto como resultado de una política salarial que, a pesar de ciertos reajustes periódicos en las remuneraciones, ha sido predominantemente restrictiva, pues dichos reajustes han usado como parámetro básicamente la tasa inflacionaria.
El derecho a la seguridad social, aunque concebido constitucionalmente como un “derecho irrenunciable de todas las personas, que será deber y responsabilidad primordial del Estado” (art. 34), todavía no es plenamente cumplido en el Ecuador.
Aún más, si una de las cosas más innovadoras que establece la Constitución, en materia de derechos sociales, es la garantía del Estado para hacer efectivo el derecho a la seguridad social de las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, de los que realizan actividades de auto sustento en el campo, de los que trabajan de manera autónoma y de los desempleado, ese derecho no ha sido cumplido.
A lo sumo durante el correísmo se aprobó de manera incompleta la seguridad social para las personas que realizan el trabajo no remunerado en el hogar; pues éstas sólo se beneficiarían de una pensión jubilar luego de 20 años de aportes, realizados además por sus familias. En el morenismo no se avanzó en nada. Y en el nuevo Gobierno de Lasso hay la posibilidad de incrementar el número de años para la jubilación, amén de una nueva “flexibilización laboral” que podría afectar a los derechos constitucionales de los trabajadores. (O)
