El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se inicie una investigación penal a los servidores y autoridades de Petroecuador que intervinieron en los procesos de importación de naftas de alto octano, entre los años 2014, 2015 y 2016, así como a las empresas adjudicadas, pues habrían ocasionado un perjuicio al Estado superior a los 62 millones de dólares.
La presidenta del organismo, Sofía Almeida, y el consejero David Rosero presentaron ayer la documentación en la que se proba- ría la existencia de presuntos indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado.
El informe basa sus conclusiones en un estudio económico que determina que los servidores y autoridades de la empresa (gerente general, gerente de comercio internacional y otros) beneficiaron a las empresas adjudicadas: Noble Americas, Arkham y Petrochina, a las que además le entregaron información privilegiada.
“Abusando de recursos públicos, cancelaron precios unitarios de barril superiores a los promedios cancelados, en el mismo mes y tipo de nafta, a otros proveedores, con lo que, según lo reportado en las estadísticas de Petroecuador, generaron un perjuicio aproximado de USD 62 ́681.168”, afirmó Almeida. (ASM)-(I)
