Ecuador podrá plantear ajustes a su acuerdo con el FMI y evitar situaciones como las que han conducido en Colombia a una ola de protestas, consideró este jueves el ministro saliente de Finanzas, Mauricio Pozo.
Pozo, que acaba de regresar de Washington de una serie de reuniones con el FMI y otros organismos multilaterales, dijo haber encontrado «una gran apertura, una gran disposición» para ayudar al país andino a superar sus necesidades de liquidez y, llegado el caso, enmendar los condicionamientos impuestos en el acuerdo del año pasado.
«Veo una actitud de flexibilidad del FMI y, por lo tanto, no veo que haya problemas para que el nuevo Gobierno pueda hacer ajustes al programa y poder replantear algunas metas de tal suerte que sea más viable y, por ejemplo, evite algún tipo de secuela, más aún con lo que estamos viendo en el caso del vecino país Colombia», declaró.
El ministro habló en un encuentro con periodistas en el que expuso nuevamente la situación económica de Ecuador a dos semanas de la transición de Gobierno, y tras haber viajado a EEUU con quien será su sucesor al frente de la cartera, Simón Cueva.
Ecuador obtuvo el año pasado 7.502 millones de dólares de los organismos multilaterales para superar la crisis del coronavirus, y este 2021 y el 2022 debería recibir otros 2.500 millones del FMI, pendientes de las revisiones técnicas del organismo.
En círculos de oposición ven con recelo los condicionamientos del FMI, y advierten al futuro gobierno del centroderechista Guillermo Lasso de cualquier decisión similar a la que ha generado en Colombia la ola de violencia.
«Creo que el programa no va en la línea de generar una situación de esa naturaleza (pedir reajustes) pero eso será evaluación del próximo Gobierno y equipo económico», dijo Pozo, e insistió en que «existe apertura y flexibilidad para que esto se pueda activar».
«Cuándo podrá recibir (Ecuador) el siguiente desembolso eso es un tema que tendrán que plantear, porque hay que terminar con la información de todo el sector público», agregó.
Lasso sustituirá a Lenín Moreno en la presidencia el próximo 24 de mayo, y heredará una situación difícil por el parón de la economía ecuatoriana y una abultada deuda de casi 70.000 millones de dólares.
Una deuda que ha crecido estos últimos cuatro años pero que Pozo consideró mucho más cómoda que cuando la recibieron en 2017, cuando no se sabía exactamente su monto y se ocultaron obligaciones.
«La herencia del Gobierno era muy compleja y mucho atado a un desorden y aumento demencial del gasto que no fue acompañado con ingresos en todo el periodo de diez años (anterior)», explicó el ministro sobre la gestión del ex presidente Rafael Correa (2007-2017).
En ese desorden, sostuvo, la deuda consolidada apuntaba a «27.871 millones de dólares», pero no incluía otras decenas de miles de millones en obligaciones y compromisos que «no estaban transparentados».
Hace tres años Ecuador publicó que esa deuda, con todos sus componentes, se acercaba en realidad a los 55.000 millones.
La pandemia encontró a Ecuador sin reservas y endeudada, lo que agravó sus consecuencias sociales con niveles elevados de desempleo y pobreza. EFE
