A cinco días de cumplir dos años de gestión, los alcaldes, Jorge Yunda, de Quito; y Cynthia Viteri, de Guayaquil, son investigados por presunta corrupción y malversación de fondos públicos.
Para Yunda, la pandemia, a más de tener que lidiar con ella en salvaguarda de la salud de los habitantes de la capital, le ha significado no solo un lío judicial sino, posiblemente, su remoción.
Apremiado, como lo estuvieron casi todos los alcaldes por el Covid-19 hace un año, dispuso comprar 100 mil pruebas PCR, cuya baja eficacia luego fue comprobada, y en la que habría un sobreprecio de USD 4,22 millones.
La investigación fiscal llevó a que sea llamado a juicio junto a otros 13 colaboradores. Porta grillete electrónico para evitar su posible fuga. Él la descarta. Argumenta que dará la cara porque no ha cometido delito alguno; pero la Justicia determinará si tiene o no la razón.
Le sobrevino el escándalo en el que está inmiscuido su hijo, cuyos diálogos telefónicos con funcionarios municipales, descubiertos por la Fiscalía, hacen sospechar de posibles intromisiones que derivarían en irregularidades.
De allí que una gran parte del Concejo Metropolitano presiona por la remoción de Yunda. Su disyuntiva es mantenerse en funciones, porque, como alega, es inocente mientras no se lo pruebe lo contrario.
La alcaldesa de Guayaquil también vive días tensos. Es indagada por Fiscalía y Contraloría por una serie de contratos, entre ellos con la Fundación Siglo XXI. Ella se ha comprometido a aportar con todos los documentos.
Empero, anunció la terminación unilateral de contratos y declaró desiertas varias licitaciones.
Aquellas son acciones que harían entender que algo estuvo mal en los contratos. Además, su sola nulidad no le exime de una eventual responsabilidad.
Las administraciones municipales de Quito y Guayaquil viven momentos de inestabilidad. Esto repercute en la ejecución de planes y programas. Se frena el desarrollo. Son dos situaciones en las que el pulso político mucho tendrá que ver, sobre todo en el caso de Quito.
