La próxima semana Cuenca podría quedar sin el servicio público de transporte urbano.
Así lo advierte la Cámara de Transportes de Cuenca, al considerar que la situación económica es insostenible ante el constante aumento del precio de los combustibles.
El sistema de bandas impuesto por el gobierno hace que esos valores suban, por lo general, mes a mes. Desde este 12 de mayo el galón de diésel subió a USD 1,48; el de la gasolina extra a USD 1,99.
El gobierno aprobó el alza de los pasajes interprovinciales e intraprovinciales en un 15 %. Esto, luego de masivas protestas de los transportistas.
Entonces, era tácito que la transportación urbana también exija el alza, una petición planteada desde mucho antes. Solo que la decisión corresponde a las Municipalidades con competencia en materia de tránsito y transporte.
Dirigentes de la Cámara advierten que seguir laborando en tales circunstancias los llevará a la quiebra. Aducen, además, deudas y los bajos ingresos.
Tal advertencia (¿amenaza?) contraviene la prohibición de paralizar un servicio público, y el de la transportación lo es, a tal punto que los dirigentes podrían ser sometidos a la ley.
Pero también sus peticiones merecen ser analizadas, en este caso por la administración municipal, sobre la base de un estudio técnico-económico, no político; más que nada considerando la situación económica de la gente, tan venida a menos en los últimos tiempos, ni se diga a raíz de la pandemia. No hay que perder de vista que son las clases económicamente menos favorecidas las que usan aquel servicio.
El panorama se agudiza porque no se firma aún el convenio de integración para el funcionamiento del tranvía, entre la Municipalidad y la Cámara de Transporte, a fin de definir cuánto de la tarifa corresponderá a cada uno.
Sin que la advertencia sea asumida como presión o intimidación, corresponde a esas dos entidades definir acciones técnico-económicas que concluyan en un entendimiento que no perjudique a nadie, mucho menos a los usuarios del servicio.
