En el 2018, una joven estadounidense llegó a Ecuador para ser parte de un programa de intercambio en la Universidad San Francisco de Quito. Durante sus estudios fue atacada sexualmente.
Aquello fue denunciado cuatro veces a las autoridades de la institución; sin embargo, la joven no tuvo ninguna respuesta.
La estudiante regresó a su país, en donde volvió a denunciar el hecho, y solo allí la universidad quiteña respondió. Ante el silencio de los representantes de la institución educativa, la joven demandó a la universidad por daño moral.
En el proceso penal, los jurídicos que representaron a la estudiante demostraron que, además de sufrir el abuso sexual, ella tuvo problemas psicológicos que se derivaron del silencio de la universidad, a pesar de que allí se conocía el hecho.
Tras cumplirse con todo el proceso, la jueza a cargo del caso aceptó en abril la denuncia de la joven norteamericana, ya que la universidad no cumplió con los protocolos debidos.
Para Gabriela Becdach, que representó a la estudiante, la resolución del caso marca un hito en Ecuador, en donde los delitos sexuales en las universidades no han sido atendidos y menos aún se ha hecho justicia.
Según Becdach, a pesar de que se dispone en la Ley de Educación Superior, en el Código Orgánico Integral Penal, en el Código Civil y en la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, no se cumplen con los protocolos para atender a las víctimas de delitos sexuales.
Un ejemplo de ello es el caso de la joven estadounidense, quien denunció a las autoridades de la universidad, pero no hubo una respuesta favorable.
“Las instituciones educativas tienen la obligación de buscar una protección respecto a la violencia sexual. Cualquiera que tenga conocimiento tiene la obligación jurídica de denunciar. Con la mínima información tiene que acercarse a la Fiscalía”, dijo Becdach a diario El Mercurio.
Temores
Hay casos de violencia sexual en el ámbito educativo que han sido visibilizados, principalmente los que se han registrado en primaria y secundaria. Pero es diferente con los casos en las universidades. Pareciera que no existieran, aunque no es así.
“Por temor a la revictimización, a ser señaladas, a que se tomen represalias, no se denuncian los casos, pero sí existen”, afirmó Gabriela Pauta, estudiante de la Universidad de Cuenca.
Pauta fue parte del grupo de estudiantes que en enero de 2020 denunciaron a un profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca por un supuesto delito sexual. La institución, a través de su Consejo Directivo, decidió separar al docente y denunciar en la Fiscalía del Azuay.
Luego de ese caso se comentaron otros que habrían sucedido en otras facultades; no obstante, las denuncias no llegaron por temor, según Pauta.
“Es muy complicado llegar a esa autoridad y que no te dé respuestas (…) o que simplemente lo callen o que digan que se debe derivar para lavarse las manos. Es fuerte dejar desamparada a una persona que fue víctima de un abuso”, agregó Pauta.
Capacitaciones
Sin las voces de las estudiantes que resonaron en la Facultad de Artes, lo más probable es que el caso nunca se hubiera hecho público. Esta realidad no es única en la ciudad, sino universal. Por esa razón es que el 14 de mayo se desarrolló un conversatorio sobre las necesidades que deben cubrir las universidades.
Además de la participación de Gabriela Becdach, participaron personas relacionadas al derecho. Uno de los puntos abordados fue la necesidad de capacitar al personal de los institutos de educación superior para que cumpla con los protocolos en caso de que se denuncie algún tipo de violencia sexual.
Según los expositores, se requieren espacios que aterricen las realidades que viven las mujeres en el ámbito educativo y que se tomen en cuenta sus voces. Cada una de las propuestas, las exposiciones y los comentarios se encuentran en esta cuenta de Facebook.
La violencia en Azuay
No hay datos sobre cuántas denuncias por violencia de género se han registrado en las universidades. Según la Fiscalía del Azuay, en el 2020 en la provincia se denunciaron 533 abusos sexuales, 88 acosos sexuales, 271 violaciones, 219 casos de violencia física contra la mujer, 1366 casos de violencia psicológica contra la mujer y 44 casos de violencia sexual contra la mujer.
A finales de 2019 se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres. Allí constan datos sobre la violencia educativa.
Solo en Azuay, la prevalencia de violencia contra las mujeres en el ámbito educativo fue del 27, 7% hasta hace dos años. De acuerdo a esa información, esta es la segunda provincia con mayores índices de violencia de género en el país. (I)
