Las autoridades ecuatorianas detuvieron en Quito a un ciudadano por la presunta tenencia ilegal de 16 tortugas charapa neonatas, especie amenazada, informó el Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador.
Los quelonios, de apenas tres días de vida, iban a ser comercializados en el sector de la Ofelia, en el norte de la capital ecuatoriana, y eran transportados en el interior de una maleta en cuatro cajas de cartón agujereadas.
La detención se practicó en el marco de un operativo conjunto del Ministerio del Ambiente y Agua y de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza.
Los ejemplares de las tortugas recién nacidas pertenecían a la especie Podocnemis unifilis, y fueron decomisadas antes de entrar en un proceso de cuarentena.
De acuerdo con la Cartera ambiental, «por el estado en el que se encontraron tienen el pronóstico reservado».
Se trata de una especie que se encuentra catalogada como vulnerable según la lista roja de especies nacional y la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza (UICN).
La operación se desarrolló el jueves, y el detenido fue identificado como Albert R., de 35 años, que fue puesto bajo disposición judicial y órdenes de la fiscalía por tenencia, transporte y comercialización ilegal de vida silvestre y no contar con los permisos correspondientes.
En la Audiencia de Calificación de Flagrancia se dictaminó la prohibición de salida del país del presunto infractor, y deberá presentarse cada semana ante la autoridad competente mientras se desarrolla la instrucción fiscal.
El ministro del Ambiente y Agua, Gustavo Manrique Miranda, advirtió que desde su cartera tendrán «cero tolerancia con este tipo de delitos, con la naturaleza no se juega. Seguiremos realizando y fortaleciendo nuestros controles en territorio».
Los especímenes fueron trasladados hasta el centro de cuidado de reptiles y quelonios Vivarium de Quito, de la Fundación Herpetológica Gustavo Orces, donde permanecerán bajo custodia temporal.
La bióloga del centro, María Elena Barragán manifestó que parte de los neonatos se encontraban en mal estado y requirieron atención inmediata.
«Algunos de los animales presentan en la parte ventral del caparazón la vena que les conectaba al huevo mientras eran embriones», acotó.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula penas privativas de libertad de uno a tres años para los autores de delitos contra la flora y fauna silvestres.
El pasado 29 de marzo, un agente de la Policía fue arrestado con relación al tráfico de 185 tortugas neonatas que fueron interceptadas en el aeropuerto de las islas Galápagos con destino a Guayaquil y llevado a juicio por ese caso. EFE
