De las pocas promesas concretas que el actual presidente Lasso hizo en su campaña electoral, fue que en los primeros cien días de su gobierno se vacunarían contra el COVID-19 nueve millones de ciudadanos, la mitad de los habitantes de nuestro país, cifra que se superaría con los que en el gobierno anterior ya la recibieron. Como ha ocurrido en la vida política de nuestro país. con más frecuencia de la deseada, promesas de los candidatos no se han cumplido o se han cumplido a medias, sobre todo cuando se han establecido cifras y plazos para su realización. Las funciones que desempeñó en su vida, requieren seriedad en su cumplimiento, como ha ocurrido a lo largo de su carrera bancaria.
Por tratarse de un fenómeno mundial, no es posible inculpar a alguien de esta peste, lo que si es factible es juzgar la manera como los gobernantes de los países han actuado para enfrentarla, sobre todo cuando aparecieron las vacunas y se inició su manejo, sin olvidar que la producción mundial de esta medicina ha sido insuficiente para la demanda. La “guerra a muerte” declarada es laudable y en pocos días arrancará su realización. Tenemos la impresión de que las estrategias han sido planificadas cuidadosamente ante un posible triunfo. Recurrir a la organización electoral que llega a los más lejanos rincones es un gran acierto.
Los efectos económicos desatados por la peste en el mundo son desastrosos, con más fuerza en los países subdesarrollados. Además de la salud, esencial a la ciudadanía, su repercusión económica será fuerte si es que esta enfermedad pasa a un lugar secundario; se reactivará la producción y bajará el número de desocupados. Creemos que el presidente ha tomado las medidas pertinentes para contar con la cantidad suficiente de vacunas que permita el cumplimiento de la promesa. Países como Estados Unidos lo ha logrado, como muestran los “tours” a ese país que incluyen vacunación. A corto plazo, a finales de agosto, podremos comprobar si se ha cumplido la promesa a cabalidad.