El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, afirmó este jueves que el Municipio se encuentra en una situación transitoria y que hasta que el todavía alcalde, Jorge Yunda, consulte al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) si la votación que aprobó su remoción se ajusta a la norma sigue siendo el responsable.
«Yo sigo siendo vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito, yo no soy el Ejecutivo, el que tiene todas las responsabilidades sobre sus hombros es el alcalde removido», manifestó Guarderas en una comparecencia en la capital ecuatoriana.
El Concejo Metropolitano de Quito resolvió anoche la destitución de Yunda, acechado por corrupción, la primera ocasión en la que se adopta una decisión semejante para remover al regidor de la ciudad.
Por catorce votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, los concejales resolvieron al filo de la medianoche que Yunda fuera removido de la Alcaldía.
No obstante, el alcalde tiene la opción de recurrir al TCE para revisar el proceso en el que se adoptó esa decisión, algo que ha dicho que tiene intenciones de hacer, para lo cual dispone de tres días de plazo.
Al respecto, el vicealcalde precisó hoy que «la decisión del Concejo, además de ser válida, es legal y está firme», si bien reconoció que a Yunda le queda la opción del mecanismo de consulta a fin de verificar «el cumplimiento de las formalidades previstas en el procedimiento».
Una vez el TCE ratifique que el proceso se siguió correctamente y se ratifique la decisión de remover al regidor, para lo que se requerían catorce votos afirmativos, «la subrrogación es automática», añadió el vicealcalde.
Valoró además que ante la situación creada de «inestabilidad» en la Alcaldía sería preferible la interrupción de la firma de contratos o acciones de última hora, y que ha mantenido conversaciones con los concejales para elaborar una «agenda mínima» que permita continuar la gestión municipal en los 23 meses que quedan por delante.
«La Administración municipal tiene que ser un ejemplo de transparencia y probilidad», dijo Guarderas, doctor en Jurisprudencia quien llegó al Consistorio en mayo de 2019 bajo la misma sigla política que Yunda, del que, sin embargo, se ha desmarcado tras las sospechas de corrupción.
Político de izquierdas aunque independiente, Yunda se ha visto salpicado en la pandemia por una sospecha de malversación en la compra de 100.000 pruebas PCR el año pasado.
Bajo la lupa está un contrato con la firma privada Salumed S.A. que, finalmente, entregó pruebas diferentes a las estipuladas y a un aparente sobreprecio, causando al erario público 4,22 millones de pérdida.
Con un grillete electrónico desde febrero, como medida sustitutiva a la prisión preventiva, el regidor quiteño asegura que su decisión «salvó vidas», pero el proceso sigue su curso en los tribunales, junto a otras trece personas acusados, entre los que se incluyen estrechos colaboradores.
Tras conocerse la resolución del Concejo municipal y sin mencionarla directamente, Yunda escribió en Twitter que «en la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado». EFE
