Una ley más, normativa, disposición, reglamento, directriz, como quiera llamarse es el código de ética impuesto por el nuevo gobierno a la función Ejecutiva. Su objetivo primordial: combatir la corrupción.
La iniciativa es loable, pero no va más allá de las recomendaciones y recordatorios ya existentes, conceptúa la autodenominada Comisión Anticorrupción. El tiempo lo confirma. Inclusive Lenin Moreno propuso aplicar “cirugía mayor” contra este cáncer social, sin mayores resultados especialmente para recuperar el supuesto perjuicio al Estado.
Sobran entonces regulaciones, pero falta educación. Comenzando por la formal que en Sudamérica ya era deficiente antes de la pandemia, pues según INICEF el 62 % de estudiantes con diez años de edad no entiende una lectura nivelada a su mentalidad. El año pasado subió al 75 %. Determina asimismo que la teleducación no puede reemplazar a la presencial, cuyo retorno en Ecuador es desde hoy parcial, voluntario y controlado.
Pero no basta. Debe complementarla el hogar, la familia, la sociedad en general. “Hecha la ley, hecha la trampa” solemos repetir como pretexto para su transgresión ulterior. Sin embargo, la trampa no está implícita en la normativa, sino la armamos nosotros so pretexto de interpretaciones que frecuentemente desembocan en imposiciones.
Ética y moral que nacen de la formación individual, se tornan indispensables para frenar arraigadas convicciones egoístas, como la “viveza criolla” y aquella “locura por el dinero” a cualquier costo. Cuando se ignora que los cargos son para servir a los demás y no aprovecharse de los mismos en beneficio propio, poco o nada conseguirán las regulaciones impuestas desde fuera. Peor si encierran propósitos revanchistas de cualquier género, con los cuales cada gobierno pretende refundar el país. (O)
