Agente estatal de Ecuador reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad por la violación al derecho a la libertad de expresión del periodista Emilio Palacio y del diario El Universo.
En 2011, estos dos periodistas fueron demandados por el entonces presidente del país, Rafael Correa, y condenados por el delito de «injuria calumniosa» a raíz de un artículo de opinión.
«El Estado reconoce su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, a las garantías judiciales, protección judicial y el principio de legalidad, en perjuicio del señor Emilio Palacio y los señores Pérez», declaró en los alegatos finales de una audiencia ante la CorteIDH la agente estatal María Fernanda Álvarez.
La funcionaria, quien aclaró que se trata de un «reconocimiento parcial de responsabilidad», agregó que el Estado también «reconoce que la sanción penal e indemnización de carácter civil resultaron desproporcionadas e innecesarias».
También añadió que esas sanciones tuvieron «la capacidad de producir un efecto intimidatorio en el ejercicio de la libertad de expresión» para todos los periodistas, los medios y la sociedad ecuatoriana.
Este caso se refiere a una condena penal de tres años privativa de libertad y una sanción civil por 30 millones de dólares contra el periodista Emilio Palacio Urrutia y los directivos del diario El Universo, Carlos Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga.
El motivo: la publicación en febrero de 2011 de un artículo de opinión sobre una crisis política que vivió el país en septiembre de 2010.
El medio fue condenado a pagar 10 millones de dólares.
Álvarez afirmó que las penas nunca se ejecutaron porque en 2012 fueron perdonadas, por lo que pidió a la CorteIDH que solo tome en cuenta los hechos ocurridos entre 2011 y 2012, y no los supuestos daños a las víctimas en los años siguientes.
El periodista Palacio alega que en 2011 tuvo que exiliarse en Estados Unidos y que la sentencia le causó un daño irreparable a su proyecto de vida, cuyas consecuencias se extendieron por años y persisten en la actualidad.
Palacio y los directivos de El Universo afirman que fueron perseguidos, insultados y estigmatizados por Correa durante años antes, durante y después del proceso penal al que fueron sometidos.
Los representantes de Palacio y El Universo, calificaron el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado como «ambiguo» y pidieron a los jueces que emita una sentencia para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en Ecuador y en la región.
El abogado Carlos Ayala señaló que el caso se refiere a «una persecución arbitraria del expresidente Correa (2007-2017) contra la libertad de expresión, en concreto contra uno de los periodistas más emblemáticos como es Emilio Palacio y uno de los diarios más emblemáticos y sus directivos».
Ayala afirmó que se trató una campaña para «silenciar la crítica y las denuncias contra el Gobierno» y que incluyó «persecución y hostigamiento desde poder público, ataques estigmatizantes continuos y la utilización del aparato judicial».
Agregó que las «acciones terminaron haciendo un daño grave no solo a las víctimas de este caso, sino a la libertad de expresión y la democracia en Ecuador».
Ayala pidió a la Corte una sentencia en la que repare integralmente a las víctimas y que ordene medidas legislativas para adecuar el Código Penal de Ecuador a estándares internacionales y que hechos similares no vuelvan a ocurrir.
Además, pidió a la Corte que ordene a Ecuador eliminar por completo de cualquier registro judicial la sentencia contra Palacio y El Universo.
Tras la conclusión de la audiencia este martes, las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CorteIDH emitirá un fallo en los siguientes meses. EFE
