La renuncia al cargo de un magistrado del tribunal que evalúa los reclamos infundados de fraude hechos por la candidata presidencial Keiko Fujimori para evitar su derrota en las elecciones peruanas dejó este miércoles sin quórum al organismo y complicó las posibilidades para una pronta proclamación de los resultados.

En una maniobra legalmente compleja y controvertida, el fiscal Luis Arce, el único de los cuatro magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que hasta la fecha había apoyado las tesis infundadas de Fujimori sobre un supuesto «fraude», anunció que «declina» al cargo después de que el máximo tribunal electoral del país denegara las primeras diez apelaciones para suprimir unos 200.000 votos planteadas por la candidata derechista.

Sin Arce, el JNE queda sin quórum y no podrá continuar con el proceso de análisis y resolución de las más de 200 apelaciones que en segunda y última instancia debe revisar para poder proclamar al ganador de las elecciones del pasado 6 de junio.

La situación se complica aún más debido a que legalmente Arce no puede dimitir, por lo que el nombramiento de un sustituto será un proceso legal necesariamente enrevesado.

Arce «declinó» con una carta en la que utilizó los mismos términos y acusaciones que el fujimorismo hace sistemáticamente sobre el proceso electoral y después de que las resolucines del JNE de la jornada, que sientan un precedente para los cientos de apelaciones que aún faltan por evaluar, fueran un severo revés para la candidata.

En su carta, Arce justificó su decisión como una acción para evitar que sus votos en minoría «sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política».

PLENO SIN QUÓRUM

Arce era el representante de la Fiscalía en el pleno del JNE, un organismo conformado por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, el Colegio de Abogados y las escuelas de derecho públicas y privadas del país.

Ya que el Colegio de Abogados, por problemas internos, nunca envió a su representante al JNE, el organismo no puede operar y le toca a la Fiscalía de la Nación reunirse para convocar a un suplente, que sería en este caso el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez.

El magistrado de la polémica ya se hizo conocido por promover en el pleno del JNE una resolución para conceder al partido fujimorista Fuerza Popular un plazo extraordinario para que presentase todas sus solicitudes para anular votos, después de que la mayoría de estos recursos fuesen presentados fuera de plazo.

Pese a que esa iniciativa iba a ser aprobada, finalmente el JNE dio marcha atrás al tomar conocimiento de que era una decisión inconstitucional, ya que no podía modificar los plazos estipulados para el proceso electoral.

Tanto Arce como su suplente Rodríguez están involucrados en las investigaciones de una gran trama de corrupción en el seno de la judicatura peruana descubierto a mediados de 2018 en la que participaban jueces, fiscales, empresarios y políticos, entre ellos supuestamente la misma Keiko Fujimori.

SIN EVIDENCIAS DE FRAUDE

Al 100 % del escrutinio, el izquierdista Pedro Castillo es el virtual presidente electo al ganar a Fujimori por apenas 44.058 votos, en una estrecha votación donde obtuvo el 50,12 % de votos válidos.

Desde el día posterior a los comicios celebrados el pasado domingo 6 de junio, y cuando veía que su nueva derrota era irreversible, Fujimori denunció sin pruebas un supuesto «fraude sistemático», basado en presuntas irregularidades en las mesas de votación.

Para ello, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) presentó una batería de más de 800 recursos para anular votos de zonas andinas, rurales y pobres donde Castillo tuvo un apoyo aplastante.

La versión del fraude ha sido enfáticamente descartada por las misiones de observación electoral de organismos internacionales que supervisaron el proceso como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

También se han pronunciado en el mismo sentido la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo, mientras que la encuestadora Ipsos tampoco halló evidencia alguna de fraude al hacer un análisis de las más de 86.000 actas.

Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró el martes que las elecciones peruanas han sido «un modelo de democracia en la región» al considerarlas «justas, abiertas y transparentes». EFE