Una organización ambientalista ha solicitado a la Corte Constitucional de Ecuador que de el visto bueno a una propuesta para la convocatoria de una consulta popular que persigue el fin de la minería metálica en áreas protegidas del Distrito Metropolitano de Quito.
En un comunicado, la organización precisó que la Corte Constitucional ha avocado conocimiento de la causa correspondiente a una consulta popular presentada por varios vecinos de Quito, en la que solicitan un dictamen en torno a cuatro preguntas que incluiría el plebiscito y que busca la prohibición de la minería metálica.
Con ello pretenden interrumpir esta práctica minera en el subsistema Metropolitano de Áreas Naturales protegidas del Distrito Metropolitano quiteño y en el área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.
La legislación constitucional ecuatoriana establece un plazo de 20 días para que la alta Corte se pronuncie al respecto, contabilizando desde el inicio del respectivo control previo.
El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, explicó este viernes a Efe que las comunidades están en su 196 día de «resistencia», e «impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza».
Estas acciones de obstaculización se llevan a cabo tanto en las parroquias del Chocó Andino, como en los territorios de Acus Mashpi, Pachijal, Yunguilla, Camino de los Yumbos, pertenecientes a la parroquia La Victoria.
«Estamos haciendo lo posible para presionar a la Corte para que emita un criterio», agregó Arcos al precisar que la campaña para impulsar la prohibición de la minería incluye plantones, intervención en redes sociales con la etiqueta #QuitoSinMinería, y el «cuidado de territorios que actualmente se encuentran cerrados».
«No le estamos pidiendo a la Corte que decida sobre si la minería es buena o mala, este modelo de explotación pone en riesgo a la comunidad», sostuvo el dirigente comunitario y citó las afectaciones ocasionadas por las actividades extractivas como la contaminación del agua, la división de comunidades y daños a la reserva ambiental.
Por ello, la organización ambiental y vecinal asegura que se mantiene vigilante, «para asegurar nuestro derechos, como habitantes de Quito, a decidir sobre nuestros bosques, áreas verdes y mantenerlos libres de minería», concluye el comunicado.
El Chocó Andino de Pichincha, provincia de la que Quito es su capital, se convirtió en 2018 en la séptima reserva de la biosfera ecuatoriana por la Unesco.
La reserva trata de garantizar la protección del oso de anteojos o andino, especie emblemática para el Ecuador y la región salpicada por la cordillera suramericana, y comprende una extensión de más de 286.000 hectáreas, lo que representa el 30,31% del territorio de la provincia de Pichincha. EFE
