El Tribunal de Garantías Penales declaró a Daniel Salcedo Bonilla y otras ocho personas culpables del delito de peculado, cometido en la adquisición de fundas para cadáveres y otros insumos médicos en el Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.
Tras 30 días de audiencia de juicio, el Tribunal emitió el dictamen la noche del lunes 5 de julio del 2021. De manera unánime, condenó a 13 años de prisión a Susana Paola M. L., exgerente general del Hospital del Norte de Guayaquil Los Ceibos; Cristina del Rocío G. Z., responsable de Compras Públicas de esa casa de salud; y, Johana Isabel V. F., exsubdirectora administrativa-financiera, como autoras directas del delito de peculado.
Salcedo fue declarado coautor del delito, al igual que Sandra Marynelcy O. R., representante de la empresa Silverti; y Lenin Alfonso R. G., Alejandro B. R. Para Jorge Antonio S. B., como cómplice del delito, se dictó seis años con seis meses de cárcel.
Durante la audiencia, la fiscal del caso, Claudia Romero, convocó a 112 testigos y peritos, e introdujo 126 pruebas documentales, que fueron presentados ante el Tribunal integrado por los jueces Francisco Flores (Ponente), Mónica Abad y Francisco Dávila.
La investigación de la Fiscalía determinó que Susana M., Cristina G. y Johana V., como funcionarios del Hospital de Los Ceibos, dispusieron arbitrariamente de fondos públicos para la adjudicación de un contrato para el que se asignó una partida presupuestaria de 872.000 dólares.
Los jueces evidenciaron una serie de inobservancias a la normativa de contratación pública, como falta de un adecuado estudio de mercado y un injustificado incremento en los rubros de los insumos, como las fundas para cadáveres (adquiridas en 148,5 dólares), aprovechándose de la declaratoria de estado de excepción por la pandemia de Covid-19.
Además, se demostró que en el proceso se falsificaron firmas para validar la compra con la empresa adjudicataria y que se incluyeron proformas falsas para beneficiar a Silverti S.A. “En comparación con lo ofertado por otras empresas –a esa fecha–, en el precio de las bolsas para cadáveres se encuentra un incremento estimado superior al 300 %, lo cual no se justifica”, señaló el Juez ponente.
