Pablo Celi finalmente renunció a la Contraloría, tras casi tres meses de permanecer detenido en la Cárcel 4 de Quito, investigado por el delito de delincuencia organizada supuestamente perpetrado en Petroecuador, desde donde siguió ejerciendo su cargo de contralor general del Estado, incluso nombró a su suplente, luego la retiró del cargo, y posteriormente nombró a otro funcionario.
En una carta dirigida a Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Celi informó su decisión “de renunciar de forma irrevocable a las funciones de Contralor General del Estado”.
“Adopto esta decisión en salvaguarda de la integridad de los procesos institucionales de la Contraloría, entre condiciones que exceden mi capacidad de actuación, impuestas desde fuerzas interesadas en tomar el control de esta institución, que han buscado, con mi arbitraria e injusta detención, paralizar al organismo de control, bloqueando sus procesos, afectando a su institucionalidad y empujando al organismo a una situación de inestabilidad crítica”, señaló Celi.
Sin embargo, según informó Hernán Ulloa, consejero del CPCCS, la renuncia de Celi no debió ser enviada a este organismo, sino a la Asamblea Nacional, por lo que el documento será remitido, a la brevedad posible, al Legislativo, para que sea aceptada.
La decisión de Celi se dio después de que el pasado jueves la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó el juicio político en su contra, solicitado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), con esto inició el período de 45 días en los que el pleno del Legislativo debía decidir si destituye al contralor, pero tras su renuncia, solo podrá censurarlo y prohibirle ejercer un cargo público por los próximos dos años.
En su carta de renuncia, Celi se refirió al proceso en su contra que se le sigue en la Asamblea, negó que su renuncia esté relacionada con el juicio político y pidió que se le permita comparecer ante el Legislativo de forma presencial, pues aseguró que será una oportunidad para ejercer “el derecho y el deber de rendición de cuentas”.
Nuevo proceso
Ayer el legislador Ricardo Vanegas (Pachakutik) presentó otro pedido de juicio político en contra del contralor, Pablo Celi, y también contra Valentina Zárate, subcontralora que reemplazó a Celi por 60 días, tras lo cual fue reemplazada por él mismo, después presentó su renuncia al ser acusada de subrogación de funciones.
Vanegas afirmó contar con 37 firmas de respaldo y puntualizó que aspira que su pedido sea calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y remitido a la Comisión de Fiscalización, para que sea unificado al proceso iniciado la semana pasada.
¿Quién lo reemplazará?
En la Contraloría informaron que Carlos Riofrio, funcionario de carrera que fue nombrado por Celi, desde la prisión, como contralor subrogante, asumirá el rol de contralor, mientras el CPCCS nombra el reemplazo definitivo.
El inconveniente es que el CPCCS ni siquiera tiene listo el reglamento para la designación de Contralor y según señaló David Rosero, vicepresidente del organismo, el concurso de méritos y oposición tardará por lo menos seis meses, tiempo que no quieren que permanezca el reemplazo nombrado por Celi.
Hernán Ulloa, consejero del CPCCS, informó que el objetivo es que de la mesa de trabajo conformada con Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, salga una reforma legal que les permita nombrar un reemplazo temporal, se lo haría acoplando la Ley de la Defensoría del Pueblo, que sí permite esta opción.
