Los optimistas en el valor de la razón consideraban que, en una colectividad, esta facultad era suficiente para que funcionen adecuadamente los conglomerados humanos, sin tomar en cuenta que el comportamiento individual obedece, más allá de la razón, hay otro tipo de motivaciones positivas o negativas. Nuestra condición de seres libres, nos permiten tomar decisiones que, con una visión ética, pueden ser consideradas buenas o malas. La historia de la humanidad es una consecuencia de actividades positivas y negativas para nuestro conglomerado. El ordenamiento jurídico considera estas dos dimensiones estableciendo sanciones para quienes actúan contra el bienestar colectivo.
El funcionamiento de un Estado está sujeto a un ordenamiento jurídico que debe ser observado por todos, de manera especial por los que desempeñan funciones públicas. Para garantizarlo son necesarios organismos de control que tomen medidas para que se cumplan las disposiciones, de manera especial en el campo económico ya que, lamentablemente, no faltan quienes consideran los cargos como oportunidades para el enriquecimiento personal en perjuicio del Estado. La Contraloría general es una de estas organizaciones que vela por el cumplimiento por las disposiciones jurídicas analizando casos que se consideran sospechosos.
Los que están a la cabeza de esta organización deben ser ejemplos de honestidad y corrección, superando halagos y amenazas de quienes son examinados por sospechas. Es lamentable que, en estos últimos tiempos, quienes fueron contralores hayan sido juzgados y condenados por doloso manejo de la contraloría, como es el caso de Pólit prófugo de la justicia. El actual contralor está preso por sospechas establecidas por la fiscalía. Mientras no haya una sentencia final sigue siendo inocente, pero es caricaturesco que desde la prisión haya tomado decisiones para nombrar al que le reemplace. Ha renunciado ya, pero hacen falta disposiciones legales que aborden este tipo de problemas.
