EDITORIAL | Que “el Fondo de Salud del IESS está quebrado” no es una revelación, sino la confirmación del estado de postración al que ha llegado el Seguro Social en el país.
Lo acaba de decir el delegado de los empleadores, a la vez miembro del Consejo Directivo del Instituto. Es más, alerta que solo hay recursos para un mes. Y mucho más grave aún: que para agosto y septiembre no habrá que pagar a nadie.
El Fondo de Salud entró en terapia intensiva por la sumatoria de una serie de medidas que, por una solidaridad mal entendida, implicaron más gastos que ingresos.
En el gobierno de Rafael Correa, sin más argumentos que el peso de su arrogancia, se retiró la contribución del 40 % que por ley debía entregar el Estado para dicho Fondo.
La Corte Constitucional restituyó ese aporte en el régimen de Lenín Moreno, pero los pagos no fluyeron como aspiraban los afiliados.
Tampoco se debe olvidar que en 2016 se pretendió desvanecer del asiento contable la deuda de salud que sumaba 2.507 millones de dólares. La Contraloría concluyó que fue ilegal. Se hicieron convenios de pago, pero la deuda persiste.
Se conoce que los gastos del IESS a causa de la pandemia son cuantiosos. No se transparentan; pero trasciende que ya se habría gastado 1.200 millones de dólares, amén de que en 2019 se hicieron 9 millones de atenciones médicas. De estas, solo 3 millones se practicaron a afiliados que aportan, las demás a los que no aportan. ¿Por qué este desajuste?
Sin que haya financiamiento de por medio, se sigue atendiendo a hijos de los afiliados menores de 18 años. Y todo por creer que la seguridad social es parte del baratillo de ofertas demagógicas, cuando le corresponde únicamente a los trabajadores que aportan mes a mes.
Lo del Fondo de Salud es calamitoso. La deuda del Estado al IESS por este rubro se calcula en 5 mil millones de dólares. Cada mes el Instituto debe pagar entre 350 y 400 millones de dólares para atenciones de salud a los jubilados.
Urge que el actual gobierno tome el asunto muy en serio, y ya; pero comenzado por pagar la deuda del Estado, y haciendo ajustes para evitar la corrupción y el despilfarro.
