La jueza ecuatoriana Yadira Proaño fue separada del caso contra el sueco Ola Bini, amigo de Julian Assange, luego de que la defensa alegara «fraude procesal» y rechazara los cargo de acceso no consentido a un sistema informático.
Carlos Soria, abogado de Bini, explicó este jueves a Efe que el retiro de Proaño del caso se dio porque las autoridades judiciales ecuatorianas aceptaron que la jueza «violó los derechos humanos y constitucionales de Ola Bini».
Con la aceptación de la recusación, la Justicia ecuatoriana deberá definir a otro juez que lleve la causa, quien podría anular lo actuado y eventualmente convocar a una nueva audiencia de juicio.
También podría mantener el llamamiento a juicio contra Bini, para continuar el tratamiento del caso bajo condiciones del debido proceso, indicó Soria.
El letrado, que había recusado a la jueza hace algún tiempo, consideró que en el tratamiento de este caso no ha habido imparcialidad y que hay actuaciones negligentes de Proaño, como el hecho de haber demorado más de seis meses la reanudación de la audiencia de juicio.
Además, Soria recordó que la defensa ha planteado la figura de «fraude procesal» contra todos los que intervinieron para acusar a Bini, pues dijo que sospecha que se hayan fraguado pruebas contra su defendido.
Asimismo, señaló que la Judicatura emprendería un proceso contra Proaño, que podría dar lugar a eventuales sanciones contra la jueza.
Soria dijo esperar que «lo más pronto posible», en unos tres o cuatro días, se conozca el nombre del nuevo juez que se hará cargo del caso.
El pasado 29 de junio y tras cinco aplazamientos, la jueza Proaño llamó a Bini a un juicio por delito de «acceso informático no consentido».
Bini, de 39 años, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que Ecuador pusiera fin al asilo en su embajada en Londres a Assange, fundador de WikiLeaks.
Según la Fiscalía, Bini habría accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
Bini, en un principio, fue acusado de un delito grave de piratería informática, ataque a la integridad de sistemas informáticos del Estado, pero con el tiempo la Fiscalía redujo la gravedad a «acceso no consentido». EFE
