OPINIÓN | En Ecuador, los escenarios de seguridad no son favorables. La desaceleración económica y el incremento de niveles de pobreza o desempleo, aumentan los índices delincuenciales y los problemas de orden público. Es decir, en torno a todas las medidas que debemos cumplir ante la pandemia, también deben sumarse los esfuerzos de seguridad que, en ningún momento, deben pasar a un segundo plano.
Lo relacionado a la falta de efectividad en políticas de seguridad, aspectos psicosociales como miedo, ansiedad o nerviosismo; la crisis económica y sanitaria, si bien, al parecer, son problemas aislados, en su conjunto se fusionan y las soluciones también deben ser transversales, sistemáticas y coordinadas. Estamos conscientes de que los problemas que aquejan al país pueden ser resueltos a corto, mediano o largo plazo, pero, la seguridad es inmediata; por eso, debe ser trabajada constantemente, partiendo por cambiar desde el sentido de su percepción.
Identificar elementos que reducen la inseguridad desde lo local, para alinear acciones hacia un mismo objetivo, podrían ser el inicio. Es importante, también, plantear un modelo proactivo, que encuentre una manera permanente de prevención e intervención, no solo de actuar cuando ya fue víctima del delito. Los ciudadanos deben manejar estrategias legítimas, respaldados por la ley y las entidades de seguridad, que apuesten a conseguir sociedades integralmente más seguras. En palabras de Castel: «La seguridad debería formar parte de los derechos sociales en la medida que la inseguridad constituye una falta grave al pacto social».
Si bien, hay un orden normativo centrado, eso no significa que la percepción de seguridad sea exclusiva competencia de organismos institucionales, sino debe ser gestada como un proceso sistemático y desde la dinámica interrelacional de la misma comunidad. (O)
