ANÁLISIS POLÍTICO
OPINIÓN | En el marco de la nueva coyuntura política que vive el país, con la presencia de un nuevo Gobierno encabezado por el Presidente Guillermo Lasso, una vez más se ha empezado a hablar de la eliminación del denominado “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” (CPCCS); una eliminación que se haría a través de una posible consulta popular que sería convocada por el Gobierno, y que conllevaría también la consulta al pueblo sobre otros temas de índole nacional.
Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mal llamado “quinto poder”, constitucionalmente forma parte de la denominada Función de Transparencia y Control Social, de la cual forman también parte la Contraloría General del Estado, las diversas Superintendencias y la Defensoría del Pueblo. Un Consejo que, según el artículo 207 de la Constitución, “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadanía, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda según la Constitución y la ley”.
De estos tres roles constitucionales, durante el régimen correista, el CPCCS no cumplió los dos primeros; por lo cual no fue ni un Consejo de participación ni un Consejo de control social, y a lo único a lo que se dedicó fue a la designación de las autoridades del Estado que le correspondían, según los designios de dicho régimen.
Durante el régimen de Moreno el denominado CPCCS transitorio, tampoco cumplió con las expectativas de despolitizar y despartidizar los órganos de control del poder público; pues funcionó como un instrumento de dicho régimen para simplemente “descorreisarlos”, por lo que la crisis institucional del Estado pervive hasta ahora, cuya última expresión es lo sucedido con la Contraloría del Estado
Con este historial del CPCCS resultaría pertinente debatir sobre su permanencia o no; amén de que la participación ciudadana no puede basarse en la aberración de institucionalizarla dentro del poder estatal. Sin embargo, este no es un tema urgente, ni debería tampoco ser usado políticamente por el Gobierno actual
Por otro lado, la eliminación del CPCCS no debe tener sólo legitimidad social y política, sino también jurídica. (O)
