Creer que la Contraloría General del Estado está llena de pus, y que funcionarios de mandos altos y medios se sientan cómodos nadando en ella es inconcebible y reprochable a la vez.
Parecía que fue suficiente la fuga del entonces contralor general, Carlos Pólit, acusado por enriquecimiento ilícito dentro del caso Odebrecht.
Pero no; no ha sido así. Pablo Celi, el contralor subrogante, ratificado por el transitorio Consejo de Participación Ciudadana hasta 2022, está detenido e investigado por presunta asociación ilícita.
Celi es sometido a juicio político en la Asamblea Nacional; aunque, anticipándose al desenlace, renunció, no sin antes designar a su subrogante.
Y es en el proceso fiscalizador que salen a flote las trapacerías cometidas, quien sabe desde cuándo, en la institución llamada a velar por el correcto uso de los dineros públicos y a ser un referente de honestidad y transparencia.
Ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea han comparecido la excontralora subrogante y la exdirectora de Predeterminación de Responsabilidades y de Recursos de Revisión. Esta última, separada de la entidad por el encargado nombrado por el subrogante detenido.
Los testimonios revelan el alto grado de descomposición moral que cunde en la Contraloría, y que opaca lo positivo que, de hecho, habrá; al igual que funcionarios correctos.
Semanas atrás, el país ya supo sobre el desvanecimiento de glosas por cerca de USD 800 millones, además de presiones para que se cambien informes.
Ahora se sabe que hay más de 1.100 informes caducados, con lo que será imposible sancionar a los responsables. De ser así, ¿a cambio de qué se los dejó caducar?
Una de las comparecientes llamó “enjambre de malas prácticas” a la aprobación de exámenes especiales fuera del tiempo real.
¿Qué hacer ante semejante situación? ¿Reestructurar la Contraloría para limpiarla de los malos elementos? ¿Bastará con nombrar un nuevo Contralor? ¿Qué hacer para que todo el país se apersone para diseñar un camino de transparencia por el que debe transitar esa entidad?
