Desde hace más de 15 días varios profesores, miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE), se encuentran en huelga de hambre para presionar a la Corte Constitucional a dar un dictamen favorable para la vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Hay que recordar que dichas reformas, que entre otras cosas contempla un salario mínimo para los profesores de mil dólares y el incremento del presupuesto para la educación, fueron aprobadas por una amplia mayoría de miembros de la Asamblea Nacional y publicadas en el registro oficial luego de que el entonces presidente Lenin Moreno diera el ejecútese. Sin embargo, el problema comienza con los cuestionamientos hechos a dichas reformas por parte del que fuera ministro de finanzas de Moreno, Mauricio Pozo, y una demanda interpuesta en contra de las reformas ante la Corte Constitucional. A esto se sumaría también un recurso interpuesto, ante dicha Corte, por parte del Gobierno actual.
Desde el poder gubernamental se ha argumentado la falta de recursos para materializar algunas de las reformas a la LOEI; empero, la causa de fondo parece estar en la visión de que la educación es un mero gasto y no una inversión para promover el desarrollo social del país; una visión apegada sobre todo a las políticas económicas neoliberal-monetaristas que, entre otras cosas, promueve la reducción de los presupuestos para las áreas de la política social, y en este caso para la educación. Recordemos, en este sentido, que ya que el Gobierno de Moreno redujo el presupuesto para la educación (Incluida la educación universitaria) e incluso despidió a profesores en plena pandemia.
Si bien formalmente la resolución de este conflicto está en la Corte Constitucional (que frente a la huelga de hambre ha mostrado absoluta indiferencia); sin embargo, el presidente Lasso, en tributo a sus compromisos de campaña con los profesores y con la educación, podría tener una actitud favorable para acoger las reformas aprobadas a la LOEI.
Por lo demás la UNE, que trató de ser disuelta durante el régimen correísta, con una medida extrema como es una huelga de hambre trata de recuperar el rol protagónico, que históricamente tuvo, en defensa de la educación pública y de sus docentes agremiados. (O)
