Suena raro, pero ocurre en Quito que tiene dos alcaldes; cada uno sostiene que está amparado en la ley. Hay confusión; el alcalde electo fue destituido por la mayoría de concejales y la máxima instancia del poder electoral ratificó esa destitución lo que llevó a que el vicealcalde se principalice. Una sala de la corte provincial decidió anular esa decisión y el alcalde destituido, ni corto ni perezoso, volvió al sillón alcaldicio. Hace unos años se hablaba de una pugna de poderes entre el ejecutivo y legislativo por falta de acuerdo en decisiones. Esta vez la pugna es entre el judicial y electoral debiendo resolver la corte constitucional.
Esta bicefalia parece una telenovela de segunda con una serie de triquiñuelas y leguleyadas. Si operara el factor dignidad, antes de que la mayoría del concejo tome esta decisión, el alcalde cuestionado debió renunciar y “salir por la puerta grande”, pero la ausencia de esta condición de la honestidad humana no funcionó y el destituido recurrió a maniobras jurídicas que muestran que la falta de seriedad de algunos integrantes de ese poder se mantiene, Se realizó un “sorteo direccionado” que ha llevado a la suspensión de esos jueces sospechosos. Si se trata de legitimación electoral, que incluye la destitución, ese poder del estado es incuestionable.
Como dijo Hamlet, “algo huele mal en Dinamarca” y en este caso es el sector judicial sujeto a mañas y trucos de abogaduchos maestros en la manipulación de las leyes. Se puede decir que se trata de un hecho excepcional, pero el combate y la sanción a excepciones dañinas es fundamental. Con una visión simplista se puede entender este problema como la rivalidad entre dos personas, el destituido y el legitimado. No conocemos el final, pero es evidente que hay un gran perdedor: la ciudad de Quito que mal puede funcionar en estas condiciones. En política puede primar la ambición personal sobre el interés colectivo. En este caso está en juego la dignidad y la indignidad.
