El Decreto Ejecutivo N° 151 del 5 de agosto del 2021, mediante el cual el gobierno nacional expide el Plan de Acción para el Sector Minero, coloca a la administración pública central al servicio de las transnacionales mineras para acelerar los procesos de explotación minera.
Para justificar esta política, el régimen utiliza el mismo discurso inventado por el correísmo de la “minería responsable” como si con ese calificativo mágico se pudiese soslayar y ocultar los daños a perpetuidad que causa la actividad minera en fuentes de agua, páramos y más ecosistemas frágiles, como son los de Quimsacocha (Loma Larga) Rio Blanco, Quitahuayco y otros que rodean al Parque Nacional Cajas.
Para el caso de Cuenca, el referido decreto minero en la forma como se expresa sobre todo en el inciso segundo del Art. 3, constituye una verdadera amenaza al pronunciamiento de los habitantes de Cuenca en la Consulta Popular del 7 de febrero del 2021, que en más del 80 % se pronunciaron en favor de prohibir la explotación de minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
La seguridad jurídica a la que se refiere el Decreto Ejecutivo es un derecho que está indisolublemente vinculado a otros derechos, tales como el agua, alimentación, salud, educación, los derechos de la naturaleza y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, por lo que se debe recordar que el deber primordial del Estado es garantizar el goce efectivo de los derechos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales.
Por lo tanto, si se habla de seguridad jurídica, primero están los derechos, por encima del interés patrimonial de las empresas mineras y la expectativa de ingresos fiscales, que no compensan los pasivos ambientales, en nombre de obtener recursos para “combatir la pobreza”, cuando la explotación minera al poner en riesgo el agua atenta a la supervivencia, en este caso, de los habitantes de Cuenca.
Al parecer desde la visión de los asesores del régimen y de las mineras, no juega para nada la voluntad popular de cuencanas y cuencanos y los intereses estratégicos de nuestro Cantón, por lo que se impone la necesidad de hacer respetar la dignidad de Cuenca que no puede soportar más tanto maltrato centralista. (O)
