El Gobierno ecuatoriano no tiene planes de abandonar la banda de fijación del precio de las gasolinas pese a las protestas sociales y buscará soluciones que compensen a los transportistas allá donde se registre un impacto constatable.
Así lo aseguró el ministro de Energía y Recursos Naturales No-renovables, Juan Carlos Bermeo, en una entrevista con Efe en la que explicó que ese sistema «no es ninguna invención de Ecuador», ni ninguna «práctica económica hecha a medida de las protestas de octubre de 2019».
«No ha habido trampa. Este sistema de bandas tuvo la asesoría del Banco Mundial, no es que surgió de alguien o algún departamento de energía», aseguró.
Se refería al sistema de fijación de precios instaurado desde julio de 2020, unos meses después de los violentos disturbios de octubre de 2019 en los que grupos sociales y el movimiento indígena paralizaron el país a raíz de la polémica anulación de los subsidios a las gasolinas.
En la ola de violencia, al menos 9 personas murieron y unas 1.500 resultaron heridas, lo que sumado a unos 800 millones de dólares en daños económicos, convencieron al entonces presidente Lenín Moreno de anular el decreto, que trataba de ahorrar al Gobierno unos 1.500 millones de dólares tras exigencias del FMI de recortar gasto.
El sistema de bandas fue aplicado cuando el precio del petróleo estaba en bajos históricos por la pandemia, pero con el alza desde entonces ha arrastrado una subida pronunciada de la gasolina en Ecuador.
Así, el galón (3,78 litros) de diesel que en julio de 2020 costaba 1,04 dólares, este agosto del 2021 estaba en 1,60 (+53%), y la Ecopaís y Extra ha saltado en un año de 1,75 dólares a 2,28 (+30%).
«El sistema de bandas puso piso y techo a los precios vinculándolo al precio de combustibles en el exterior y tras su transporte al puerto ecuatoriano. Para que no fuera muy brusco (el cambio), se puso la banda de más o menos 5 por ciento», explicó el ministro.
El alza ha generado las protestas de los mismos grupos sociales que en 2019 y del gremio de transportistas, con los que ahora el Gobierno trata de dialogar.
El presidente Guillermo Lasso dijo desde el primer día que no se saldrá de la fórmula, pero ha aceptado «un paquete de reconocimiento a los transportistas de medidas complementarias», como la revisión de «aranceles y créditos», para que «el transporte no traslade el impacto de todo el incremento al usuario final».
«Se está analizando técnica y académicamente cuál es la incidencia del incremento en el transporte. Tenemos siete categorías de transportistas -pesado, buceta, etc- y cada modalidad tiene sus particularidades propias», señala el ministro sobre un estudio solicitado a la firma Deloitte para «determinar el peso específico del combustibles y otros costos en el transporte».
Según el ministro, hay veces que la subida de la gasolina ni siquiera se ha reflejado en el IPC o en la canasta básica, si bien reconoció que el lastre de los subsidios para el Estado se ha reducido debido a la subida del precio de las gasolinas en el mercado.
Los pasados 10 y 11 de agosto diversos grupos y sindicatos se sumaron a una manifestación callejera contra Lasso en Quito y otras ciudades del país para exigir medidas de contención al precio de la gasolina y la deficiente situación socieconómica por la pandemia. (EFE)
