La Constitución del Ecuador establece que el sistema de educación superior se rige por el principio de autonomía, entendida como la autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento. Históricamente, la universidad mantuvo una tensión entre su naturaleza y los poderes públicos y religiosos deseosos de controlarla. Por ejemplo, en la Edad Media este condicionamiento enraizó las mayores dificultades en las cuales la universidad llegó a identificarse con la acción de los poderes constituidos en donde toda actividad requería de la autorización previa del gobierno, aquello, llevó precisamente a que los investigadores y científicos desarrollen sus acciones al margen de las universidades.
No fue sino hasta el siglo XVIII cuando en Alemania se edificó la “libertas philosophandi” que permitió una relación activa y libre entre docencia e investigación. En libertad. Luego, en América Latina la universidad tuvo que adoptar moldes para atender los intereses de la Corona, Iglesia y clases sociales de la sociedad. La Reforma de Córdoba de 1918 fue el proceso hito para que se replanteara la comprensión de una universidad autónoma y alejada del poder en la Región.
El proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior presentada por el Presidente de la República, comprende la construcción humana y autónoma de la universidad. Cumple con lo que el país exige. Una urgente reestructuración del Consejo de Educación Superior para dar paso a un nuevo órgano conformado por representantes de las universidades y sus estudiantes, a más de los del Ejecutivo. Sus atribuciones, abandonan la soberbia del funcionario público que con escritorio controla; ahora, da paso a un ente que acompaña al sistema. Ya no será el que valida los estatutos creados por cada universidad. Este Consejo tendrá la tarea de presentar una propuesta de reforma integral.
El proceso de admisión y nivelación deja de ser un monopolio del Estado central para ser desarrollado desde la realidad y cercanía de cada universidad. Las carreras de grado y posgrado ya no serán aprobadas por un súper órgano, sino las propias universidades lo harán con la dinámica, la cercanía y la agilidad que merece el sistema y derecho a la educación.
El triunfo: que la Asamblea Nacional comprenda la urgencia de aprobar, ya, esta reforma legal. (O)
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