En los sistemas parlamentarios, el Ejecutivo (primer ministro o presidente de gobierno), es elegido a partir del apoyo que un candidato recibe por parte de los miembros del Legislativo (diputados o miembros de la cámara baja), quienes, a través de coaliciones de fuerzas políticas, o en su defecto, por mayoría absoluta del partido al que representan, consiguen hacerse con la primera magistratura.
Ya que el Ejecutivo es responsable político frente al parlamento, sí este pierde la confianza de las fuerzas políticas, normalmente se disuelve el parlamento, con el propósito que los ciudadanos elijan nuevamente a sus representantes, y por ende se configure un nuevo gobierno.
Sin embargo, en un sistema presidencialista como el ecuatoriano, la elección del Ejecutivo se lo hace de manera libre y directa por parte de los ciudadanos con derecho a voto. No obstante, desde 2008, la Constitución de “Montecristi”, prevé en su art. 148, la posibilidad que el Presidente, utilice la figura de la “muerte cruzada”, la cual supone un “harakiri político”, pues si bien es cierto le permite disolver el Legislativo, automáticamente debe convocar a elecciones, tanto de asambleístas, así como de primera mandatario.
Si bien existe la muerte cruzada inversa, en la cual el Legislativo puede cesar en sus funciones al presidente de la República (art.130), esta no es objeto de análisis en este artículo.
En el primer caso, si bien es cierto, son necesarios ciertos condicionamientos formales para que opere esta figura (arrogación de funciones, obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, grave crisis política y conmoción interna), su utilización supone un delicado ejercicio de la política, pues el presidente de la República deberá ser lo suficientemente calculador; pues, lo hará siempre y cuando tenga el respaldo de la ciudadanía con el propósito de que en la elección que automáticamente se convoque, tenga los votos suficientes para su relección.
A 90 días de la instalación de la Asamblea Nacional (2021-2025), dicho organismo en lugar de mejorar la imagen que dejó su antecesora, ha evidenciado importantes escándalos a nivel general (elección de autoridades), como individual (caso Cerda y Jiménez); por otro lado, Guillermo Lasso goza del 75 % de aceptación, el cual responde entre otros, al cumplimiento del plan de vacunación.
Con estos antecedentes, ya sabemos cómo opera desde lo jurídico la muerte cruzada, sin embargo, será necesario verificar si desde lo político se reúnen las condiciones apropiadas para su uso. (O)
