En países unitarios como el nuestro, el gobierno central concentra la mayor parte de los poderes. Hay áreas como la administración seccional y las universidades en las que es indispensable un nivel de autonomía por la diversidad ecológica y humana de las regiones y por la orientación que deben tener los procesos. Se ha insistido en un incremento de la autonomía y un proceso de descentralización ya que la capacidad del ejercicio del poder se amplía y determinado tipo de necesidades se solucionan con mayor agilidad. El acceso a ingresos es fundamental para las autonomías. Al no haber autosuficiencia un importante porcentaje de recursos provienen del gobierno central.
Esencial para el adecuado funcionamiento de las autonomías es la responsabilidad de quienes están a cargo de la conducción de las instituciones, de manera especial en el control del uso de los recursos y la seriedad de planes y proyectos que deben ser administrados. La mayor libertad en este aspecto suena muy bien, pero no cabe confundirla con arbitrariedad, ya que en todos los niveles políticos esta facultad se la ejerce con sujeción a normas y reglas establecidas por las leyes. Más allá de la honestidad –toda forma de corrupción es abominable- es muy importante la eficiencia en el desarrollo de las acciones, su solidez y agilidad.
En las universidades su funcionamiento integral es complejo ya que conlleva la acertada escogencia de carreras, considerando las ofertas académicas de los demás centros de estudios. Si bien, en su sentido amplio, estas instituciones implican amplitud de facultades, no cabe olvidar que el más importante grupo de profesionales que salen de ellas ejercen sus gestiones en las áreas de cercanía. Dada la diversidad ecológica, muy variada en nuestro país, pese a su reducida extensión, no deben dejarse a un lado problemas propios de cada área y la necesidad de hacerlos frente. En este campo la responsabilidad en la autonomía es mayor.
